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La Contraloría General de la República trasladó a la Fiscalía los hallazgos de posibles sobrecostos por más de $3.026 millones en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales firmado por el alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar), Didier Lobo; a fin de que inicie la investigación dentro de su competencia. De esto también fueron compulsadas copias a la Procuraduría General de la Nación.

Mientras se espera que tanto la Fiscalía como la Procuraduría inicien sus investigaciones, la Contraloría anunció que aperturará contra el mandatario de ese municipio un proceso de responsabilidad fiscal, conforme a lo encontrado en una auditoría sobre dicho contrato.

De acuerdo con la Contraloría, el municipio de La Jagua de Ibirico compró con un sobrecosto de $3.026 millones víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, incluidos en un kit alimenticio entregado durante 18 meses a 5.063 beneficiarios, entre niños y niñas desnutridos y en riesgo de desnutrición, madres gestantes y lactantes.

Así lo determinó al revisar la ejecución del contrato No. 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió este municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones. El mayor valor cancelado por concepto de componentes de los paquetes nutricionales contratados fue de $4.287 millones, que bajó a la suma referida de $3.026 millones al momento de definir el presunto detrimento patrimonial, dado que se consideraron deducciones efectuadas sobre los pagos realizados y el porcentaje correspondiente a las pólizas de calidad y cumplimiento.

Mediante comunicación del 11 de agosto pasado, la Contraloría General de la República remitió al alcalde Municipal de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, el informe de auditoría que señala el hallazgo mencionado.

Dada la posible connotación disciplinaria y fiscal de este hallazgo, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dio traslado del mismo al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y al Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre.

La Contraloría General ratifica el presunto sobrecosto cancelado por concepto de los elementos que conforman los paquetes nutricionales, ocasionando un detrimento al patrimonio del Estado cuantificado de manera inicial en 4 mil 287 millones de pesos y posteriormente ajustado por el mismo ente de control de manera definitiva.

Estudio de mercado El alcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, dijo al respecto que se encuentra tranquilo, por cuanto los productos se adquirieron, después de un trabajo de campo y estudio de mercado. 'Soy muy respetuoso de los organismos de control y de las autoridades, ellos están haciendo su trabajo, y ahora viene una etapa de defensa donde presentaremos los soportes que tenemos para desvirtuar esos supuestos hallazgos'.Precisó que los costos están 'amarrados' a algunas características, como la calidad del producto y conocer los almacenes donde la Contraloría hizo sus cotizaciones. 'Este es un contrato cuyos precios están muy por debajo, incluso del 35% con respecto a administraciones anteriores, técnicamente vamos a demostrar que no hay sobrecostos en este proceso'.