Resistiéndose a recibir alimentos y con un cese de actividades más de 1.000 presos políticos en las cárceles del país se declararon en huelga, para exigir al Gobierno Nacional un respeto mínimo humanitario, pidiendo acabar con las condiciones de encierro y extrema crueldad, de la que dicen son sometidos.
Además solicitan tener respuesta a una petición que enviaron la mesa de diálogo en La Habana, Cuba, para que se pacte la liberación de sus compañeros enfermos, ancianos, discapacitados y mujeres gestantes o lactantes.
'Han transcurrido más de 3 años desde que iniciaron los diálogos de paz, sin que existan gestos por parte del gobierno en beneficio de las y los prisioneros políticos', añaden.
En Valledupar, 48 internos políticos, en su mayoría exguerrilleros de las Farc recluidos en la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, se sumaron a la jornada, por lo que la Defensoría del Pueblo del Cesar, envió a una comisión para verificar las condiciones en que se encuentran, dado que la protesta aunque es pacífica, se caracteriza por la huelga de hambre y desobediencia civil.
'Dos funcionarios se desplazaron para para velar por las garantías de los derechos de los internos', precisó el defensor del pueblo del Cesar, Omar Contreras.
En un comunicado indicaron que la jornada de se ha desarrollado en forma pacífica, teniendo en cuenta que las autoridades penitenciarias han garantizado los escenarios de reunión de los prisioneros en huelga.
'Ratificamos nuestro apoyo y acompañamiento incondicional a todos los prisioneros y prisioneras declarados en huelga en el país; son ellos y ellas las protagonistas de esta importante reivindicación, por ello, nuestro compromiso es continuar difundiendo el desarrollo de la huelga e impulsando sus peticiones ante los entes competentes, como lo hicimos con la solicitud humanitaria formulada desde la Coalición Larga Vida a las Mariposas a las partes en Dialogo en la Habana', puntualiza.
Carta al Inpec. Miguel Ángel Beltrán, uno de los presos políticos en el país, envió una carta al general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, donde da cuenta de los malos tratos y de las dificultades para ser atendidos, recibir medicamentos y tratamiento para los reclusos enfermos.
'El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario como establecimiento público adscrito al Ministerio del Interior y Justicia se ha convertido en un lugar para la vulneración de los derechos fundamentales, donde ni la Corte Interamericana pareciera ya tener injerencia', sostuvo en la misiva.
En el Inpec -añadió- no existe una cultura de respeto a los derechos humanos'.
Denunció que en las cárceles como La Picota y otros establecimientos penitenciarios, se vienen cometiendo atropellos contra la población reclusa.
Los presos políticos se mantendrán en huelga indefinida hasta obtener respuestas a sus solicitudes.
