En ocho días, el Tribunal Administrativo del Cesar, deberá entregar los soportes de cada uno de los puntos tratados en la reunión convocada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, sobre la sentencia emitida por la Corte Constitucional que hace referencia a la tutela T-282 de 2014 interpuesta por presos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar contra el Inpec al considerar que les están siendo vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y la integridad personal.
En dicha tutela le conceden a los reclusos el amparo a los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, al acceso al agua potable y a la salud.
Las conclusiones deberán ser entregadas a los actuantes en dicha reunión la cual estuvo conformada por el director nacional del Inpec, Jorge Luis Ramírez Aragón, la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, un delegado del ministerio de Justicia y Derecho, un delegado de la Defensoría del Pueblo especialista en sistemas penitenciarios, el director de la Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, Omar Contreras, La procuradora regional del Cesar, María Antonia Orozco y el magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, José Antonio Aponte Olivella.
Esta es la visita más importante que ha recibido el penal en sus 14 años de funcionamiento. Una fuente oficial indicó que hasta los momentos no se tiene previsto el cierre total o temporal del centro de reclusión. Se conoció además que ya está en funcionamiento la torre seis de dicho lugar y que a pesar que a nivel nacional existe un hacinamiento de un 54 por ciento la cárcel de Alta y Mediana de Valledupar no padece de esta situación.
Una de las tareas que del director nacional del Inpec, Jorge Luis Ramírez Aragón, fue realizar una visita técnica en cada una de las ocho torres que forman al centro de reclusión.
Más cárceles para el país
En el segundo semestre del año en curso se tiene previsto que se construyan dos centros de reclusión carcelarios en el país a fin de reducir el hacinamiento que existe en las permanentes de las Policías y en las Unidades de Reacción Inmediata, URI las cuales estarán ubicadas en Riohacha (La Guajira) y la otra entre los municipios de Fundación y Aracataca (Magdalena).
