La Corte Constitucional le dio un plazo de 10 días al Gobierno Nacional y al Inpec para que presenten un informe sobre si se ha cumplido el fallo de tutela de 2014 que ordenaba garantías y mejores condiciones de los presos de la penitenciaría de Valledupar, en el cual advertía que de no hacerlo, este debía ser cerrado.
Además ordenó que La Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo del Cesar informen a la Corte sobre las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-282, así como de los resultados de la visita técnica realizada a ese penal el pasado 19 de enero.
Igualmente pidió a la Defensoría y a la Procuraduría hacer un seguimiento a la huelga de hambre que adelantan los recursos, en protesta por las malas condiciones en que se encuentran.
El cumplimiento de las medidas de garantías para los internos, según la Corte 'debe estar reflejado en las condiciones de infraestructura física del establecimiento carcelario, así como de las condiciones de hacinamiento, suministro de agua, prestación de servicios de salud, suministro de implementos de aseo y trato digno por parte de los guardianes, con relación a la población reclusa'.
