En Barranquilla y la Costa Caribe, la realidad de los reclusos no deja de ser preocupante. Los altos niveles de hacinamiento y las precarias condiciones de salubridad en las que habitan, han dado lugar al contagio de enfermedades como sida, tuberculosis, varicela y patologías psiquiátricas.
Ante esa situación, la defensora regional del Pueblo, Gloria Lamus, sostuvo que los internos 'no están recibiendo atención médica' y advirtió que es responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, 'contratar los servicios' para garantizar su derecho a la salud.
En virtud de lo anterior, Lamus dijo que ha pedido al secretario del Interior del Departamento, Guillermo Polo, que se convoque a la Comisión de Vigilancia y Seguimiento del Régimen Penitenciario para analizar la crítica situación debido a que 'no se está garantizando' el cuidado de los presos.
Ayer, un informe publicado por esta casa editorial reveló que 524 internos –de los 16.045 que están recluidos en las cárceles de la Costa– padecen alguna de las patologías mencionadas.
Los establecimientos penitenciarios de Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Sincelejo, Montería y Riohacha registran 284 casos de varicela, 60 de VIH, 30 de tuberculosis y 149 enfermedades psiquiátricas.
Sobre el sistema
El coronel Carlos Julio Pineda, director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), manifestó que se tiene previsto que en abril funcione de manera concreta y absoluta el nuevo sistema de salud en las cárceles del país. Así mismo, acotó que el Estado hace 'un gran esfuerzo' por mejorar el sistema y que el próximo mes 'debe estar funcionando ‘al pelo’, pero seguirá habiendo enfermos'.
Pineda indicó que en la Cárcel El Bosque se registran nueve casos de tuberculosis, mientras que en la Modelo hay confirmados 9 episodios de la misma enfermedad. Señaló, igualmente, que en la Modelo no se presentan casos de varicela, pero existen 8 de VIH y 16 psiquiátricos. En El Bosque -dijo- tampoco hay casos de varicela, pero hay 17 de VIH y 29 psiquiátricos.
Entretanto, el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos Sánchez, sostuvo que la situación actual advierte que 'Fiduprevisora no ha dado muestras de conjurar este fenómeno de una manera seria ni hacer inversiones en políticas preventivas que permitan afrontar la situación en salud de manera digna'.
El caso de Santa Marta
Para los presos de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta y especialmente para Carlos (pidió omitir su apellido) quien purga condena por hurto, de Caprecom al Consorcio Fiduprevisora encargada de contratar los servicios asistenciales es poco o nada lo que ha cambiado.
El recluso indicó que muchas de los medicamentos que les dan son aportados por personas de buen corazón y la emisora Radio Galeón, que utilizan la personería Distrital para proveerlos.
A su turno el pastor evangélico Jimmy Zapata, también interno en el penal, manifestó en el centro penitenciario hay muchos problemas pero el de la salud es el más preocupante.
Manifestó que ante los reclamos que hacen al Inpec por la ineficiente prestación del servicio médico, lo único que les piden es paciencia. 'Hay gente con VIH que no recibe medicamentos hace 2 meses', dijo.
Tutela por 'mal servicio' en Sincelejo
La situación en materia de salud es tan delicada en la cárcel La Vega, de Sincelejo, que hace una semana la Defensoría del Pueblo acudió a la vía judicial a través de una acción de tutela con la cual pretende que a algunos de los internos —porque existe un subregistro— se les garantice la prestación de los servicios médicos que requieren y en especial los de consultas con especialistas.
La tutela cobija al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a Caprecom porque continúa como prestador de servicios de esta población a pesar de estar en liquidación, al Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y a las secretarías de Salud de Sincelejo y Sucre, a pesar de que estas últimas han estado pendiente de esta situación.
La tutela ya fue admitida y por reparto le correspondió al Tribunal Administrativo Oral de Sucre que se estaría pronunciado a mediados de este mes.
El defensor Óscar Herrera Revollo enfatizó en la acción de tutela que existen 100 citas con médicos especialistas, para igual número de internos tanto hombres como mujeres, que están represadas desde hace más de año y medio y son precisamente esas las que pretenden hacer cumplir por medio de la acción judicial.
Atención en Cartagena, insuficiente
La defensora del Pueblo, Irina Junieles, dijo que los jueces e internos constantemente elevan quejas porque en caso de que un detenido del penal sufra una emergencia o requiera una remisión a un centro hospitalario no se cuenta con un vehículo adecuado, porque no lo hay y si lo hay suele estar sin gasolina. Ante esta situación se ha tratado de trabajar con el Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, para atender las remisiones de urgencias que se registran en la cárcel San Sebastián de Ternera, de Cartagena.
Para Junieles la situación de atención en salud para los internos es complicada. La farmacia no está abastecida de medicamentos, porque no hay contrato. Si algún preso requiere un tratamiento de antibióticos, por ejemplo, en muchas ocasiones solo le dan la mitad de los ordenados, incumpliendo el tratamiento adecuado.
En medio de esta situación de hacinamiento en la que se encuentra la cárcel San Sebastián de Ternera el domingo en la noche se produjo una nueva tragedia. Un interno murió en desarrollo de una riña en una de las celdas. Carlos Alberto Oterga Díaz, de 34 años, recibió heridas de arma blanca y falleció cuando era trasladado a la clínica Madre Bernarda.
Preocupa la atención en salud de internos en cárcel de Riohacha
En La Guajira también se sienten los efectos de la transición a la Fiduprevisora, encargada de prestar el servicio de salud a la población carcelaria, lo cual no se está produciendo de manera eficiente y oportuna.
Se tienen dos IPS que prestan los servicios de salud: el Hospital Nuestra Señora de los Remedios y la Clínica Riohacha. La mayor parte de las urgencias llegan a la ESE de Riohacha. Aunque se dice que hay un contrato con una empresa para prestar servicios especializados y laboratorios, esto en la práctica no se está dando.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de La Guajira indica que 'es preocupante la atención del servicio en salud y la entrega de medicamentos aquellos internos que se encuentran en detención domiciliaria en todos los municipios del departamento los cuales no se le prestara el servicio de salud ni la entrega de medicamentos y a los que se encuentran en detención domiciliaria en la ciudad de Riohacha solo son atendido en urgencia pero no se le entregará los medicamentos'.
En la cárcel no hay una categorización por sexo, pues no hay pabellón femenino. Entre los 572 internos que hay hoy, se encuentran los miembros de la comunidad LGBTI en cualquiera de los tres patios y revueltos con el grupo.
En Montería no tienen urgencias
La Cárcel Nacional Las Mercedes de Montería no cuenta con una urgencia o dispensario para atender las urgencias, según lo aseguró el Defensor del Pueblo en Córdoba, Víctor Castilla.
Agrega que en la actualidad las mayores quejas se presentan por la falta de medicamentos y por la falta precisamente del servicio de urgencias, que se presta en el hospital San Jerónimo de Montería.
En el establecimiento carcelario, con una sobrepoblación del 115 %, hay actualmente 21 internos con VIH, pero también hay casos de tuberculosis y Leishmaniasis.
En la cárcel de Montería, la Previsora S.A. cumple con las funciones de la EPS Caprecom y los fondos económicos utilizados provienen del Estado, según lo explica el director del penal.
El defensor del Pueblo indica que conoce de 14 quejas presentadas en los últimos meses por la no entrega de medicamentos y la no autorización de cirugías.
Carta de despedida en Valledupar
Un interno de la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, identificado como Jeancarlos Duque Cortés, escribió una carta en la que asegura que, si llegase a fallecer, 'culpa directamente al gerente de Caprecom EPS y al personal médico y de Coordinación de Sanidad de la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar' por ser los responsables de garantizar los servicios de salud al interior del establecimiento penitenciario.
En un aparte del documento escrito a mano, señala que en el primer semestre del año anterior, un médico le ordenó una cita con un especialista en Neurocirugía, a lo que denominó 'cita con la muerte' debido a lo 'tortuoso y doloroso' de dichas sesiones.
De la misma manera, Duque Cortés manifiesta que por motivo de las dificultades experimentadas en el complejo penitenciario, entró en huelga de hambre para llamar la atención y esperando una pronta solución a su problema.
