Son 58 unidades mineras ilegales plenamente identificadas las que están causando graves daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones de 24 de los 25 municipios del Cesar. El único que se salva de los efectos devastadores de esta actividad que además evade el pago de impuestos y regalías es González, al sur del departamento.
La situación es alarmante, y fue revelada a través de una reciente caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental.
El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra, son sometidos a lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.
A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.
De la minería ilegal subsisten 680 familias a las que hay que legalizar. Son 33 ladrilleras y 31 canteras.
Daño ambiental
Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies, la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.
En el caso del río Maracas ya se ha denunciado por parte de las comunidades deforestación, daño a la flora y fauna, desviación del cauce y equipos de maquinaria pesada que sacan rocas, arena y toda clase de material de arrastre del afluente.
Las imágenes captadas para la caracterización muestran los socavones en el playón de la Ciénaga de Cristo, la erosión en el río Simaña, y otras afectaciones en los demás recursos naturales.
También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.
Maquinaria no permitida
Pero también es preocupante que incluso dueños de títulos utilizan mecanismos no permitidos para hacer sus explotaciones. 'Hemos encontrado propietarios autorizados con maquinaria no permitida, extrayendo material de arrastre lo que ocasiona la destrucción de los ríos', explica la secretaria de Minas del Cesar, Carmen Cecilia Galvis.
'Lo que hicimos fue identificar todas estas unidades mineras ilegales para llevarlas a las autoridades a nivel nacional, a fin de establecer cuáles se pueden formalizar y cuáles no; y en el caso de las que no cumplan con la regulación minera y ambiental, iniciar procesos de reconversión laboral', sostuvo.
Peor que narcotráfico. Un estudio de Planeación Nacional indica que la minería ilegal es un negocio 3,5 veces más a grande que la registrada por el narcotráfico, por lo que se hace necesario reforzar la lucha contra este tipo de actividad.
La dramática radiografía de la minería ilegal en Colombia, con alta incidencia en 12 departamentos y 233 municipios, reveló el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que calculó en 7.1 billones de pesos, a precios de 2014, la extracción y comercialización de productos asociados a esta actividad.
Según la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del DNP este negocio supera en 3,5 veces al del narcotráfico, que desde la década de los 80 ha sido uno de los más lucrativos.
La minería ilegal, que causa estragos en los ecosistemas, contamina corrientes hídricas y destruye especies acuáticas, hace parte de los factores causantes de la reducción de bosques, conjuntamente con la tala indiscriminada, los cultivos ilícitos, los incendios forestales y la ampliación de la frontera agrícola.
Dijo que entre el 2000 y el 2010 Colombia perdió 6,2 millones de hectáreas, y que pese a los incentivos creados para promover la reforestación, los resultados son exiguos.
Alta incidencia
El documento del DNP indica que hay una clara coincidencia entre áreas del conflicto y afectación del medio ambiente.
Entre 2002 y 2012, departamentos como Arauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, presentaron altos niveles de deforestación. En el mismo periodo, 87 municipios tuvieron 'muy alta incidencia del conflicto', y 106 'alta incidencia'.
Diversos estudios coinciden en señalar que la minería ilegal está asociada a una actividad criminal en la que participan actores armados, bandas criminales y delincuencia común.
El estudio de Planeación indica que es necesario incorporar modelos de aprovechamiento sostenible, con enfoque productivo de los bosques, teniendo en cuenta que parte de ellos coinciden con zonas de alta incidencia del conflicto armado.
Igualmente, es necesario agilizar los procesos de ordenamiento territorial que orienten los usos del suelo para el desarrollo equitativo y la gestión pacífica de la conflictividad social.
Para el cuatrienio
Actualmente existen una serie de iniciativas en marcha incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país'.
De esta lista hacen parte la ampliación del uso del pago por servicios ambientales para complementar políticas de conservación, control de deforestación, ganadería sostenible, sustitución de cultivos ilícitos y manejo forestal sostenible; la promoción de la reforestación con fines comerciales; la adopción de un catastro multipropósito que mejore la planeación territorial, entre otros.
Según el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, el gobierno ha emprendido una lucha frontal contra la minería ilegal, un flagelo histórico que se ha extendido por la mayoría de regiones del país, pero con gran incidencia en 12 departamentos, entre ellos Chocó, Valle, Cauca, Antioquia, Guajira, Cesar, Vaupés, Guainía y Putumayo.
Para Gaviria, el hecho de que existan 233 municipios con presencia de minería ilícita, indica que es necesario hacer un frente común. 'Necesitamos de la alianza entre el sector público –gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y autoridades ambientales-, la comunidad y empresarios para contrarrestar este tipo de explotación que causa grandes daños al medio ambiente y destruye uno de los mayores patrimonios del país: la flora y la fauna'.
La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, dijo que 'los alcaldes, ahora más que nunca, tienen una participación importante en cómo se hace minería bien hecha, conociendo qué hay en el territorio, y sobre todo ya cuando el proyecto tiene título saber que tiene que cumplir con los estándares ambientales y sociales'.
En este sentido, señaló que la Agencia está entregando las herramientas y orientándolos, sobre la normatividad y sus competencias en este tema. 'Es recordarles sus obligaciones como mandatarios, y es que la minería que se haga en su municipio tiene que tener título y licencia ambiental en caso de requerirse y si no le estamos haciendo un recuento de las consecuencias de eso y cómo pueden actuar. Creo que más que nunca la minería tiene que hacerse con tres llaves que son autoridad minera, autoridad ambiental y entidad territorial', sostuvo.
El martes pasado, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, presidió en Valledupar un foro sobre minería responsable en el que los alcaldes firmaron un acta de compromiso para que en sus jurisdicciones se respete la normatividad, y quienes están ejerciendo minería ilegal entren a formalizarse o cierren sus negocios, so pena der ser sancionados como lo establece la Ley.
'Hay que invitar la gente que está haciendo minería por fuera a que se formalice, nosotros como agencia hemos venido haciendo un trabajo importante, que los trámites sean más eficientes, la legalidad lo que trae son beneficios, primero para ellos porque no son sujetos de sanciones y para el país porque cuando la minería se hace de acuerdo con el ordenamiento jurídico trae regalías que van en beneficio de la educación, saneamiento básico, agua potable; el tema de impuestos, regalías y desarrollo de las comunidades', puntualizó Habib.
De no cumplir con los parámetros legales, la Agencia Nacional de Minería actúa articuladamente con la Policía y el Ejército haciendo operativos en aquellos casos.
El gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, afirmó que 'hoy nos tiene preocupados la sostenibilidad de nuestros ríos, y en este sentido estamos alertando a las autoridades ambientales para poder garantizar que se haga un uso responsable de la pequeña minería'.
Para el ministro Murillo, se necesitan instituciones fuertes y modernas para garantizar la sostenibilidad y construir un ambiente mejor. Señaló que el sector minero-ambiental es el que genera mayor número de conflictos, y se requiere un equilibrio de las necesidades de conservación de los recursos naturales, desarrollo social y económico.
