La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente reveló que la Anla habría incurrido en irregularidades, al considerar que actuó de manera 'negligente' frente a trámites para los permisos ambientales del contrato de exploración de petróleo por parte de la empresa ConocoPhillips en San Martín, sur del Cesar.
Tras una investigación, consecuencia de las denuncias de ambientalistas y comunidad, sobre la posible implementación del sistema fracking para el desarrollo de las operaciones de exploración, la Contraloría hizo dos hallazgos con incidencia disciplinaria contra la Anla.
Uno de estos tiene que ver con la desatención de las funciones de la Autoridad Ambiental, al no haber exigido a la empresa titular del contrato, la modificación de la licencia ambiental para las actividades en el Pozo Picoplata1 de la vereda Cuatro Bocas de San Martín.
Según la Contraloría, la Anla no actuó diligentemente con el propósito de dejar sin efecto jurídico la licencia ambiental inicial concedida exclusivamente para yacimientos convencionales (Resolución 857 de 2014), cuando las condiciones generales cambiaron ante la firma del nuevo contrato para yacimientos no convencionales.
Además de ello, la Contraloría indica que dicha omisión de la autoridad ambiental potencializa 'el riesgo de afectación sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la región, específicamente, en el área de influencia del pozo Picoplata #1'.
