A través de un comunicado, la Contraloría General de la República informó que encontró hallazgos fiscales por $683 millones en el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de Primera Infancia, por parte del municipio de Codazzi (Cesar), durante la vigencia 2015.
Fueron tres hallazgos en total. Dos, por $ 453 millones, se detectaron con relación al componente del PAE, donde el municipio ejecutó un 99.97 % de los recursos del programa. El tercero se evidenció en el Programa de Atención Integral para la Primera Infancia, por más de $230 millones.
El Organismo fiscalizador explicó que llevó a cabo una 'Actuación Especial de Fiscalización a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP, vigencia 2015, administrados por el municipio de Codazzi ($21.892 millones)'.
Detallaron que en dicha actuación se identificaron 31 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tienen connotación fiscal en cuantía de $898 millones.
También –señala– se encontraron 17 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria. Tres de estos corresponden al PAE. Asimismo, se identificó uno más con aparente episodio penal.
Hallazgos del PAE
'El primer hallazgo tiene que ver con la ejecución del Convenio No. 001 de 2015, suscrito el 30 de enero de 2015 por el entonces Alcalde Municipal, Efraín Quintero Mendoza, con la Fundación Provenir, por cuantía de $418 millones 258 mil pesos, donde se pactó la entrega diaria de raciones alimentarias para desayunos y complementos nutricionales por precios superiores a los previstos por la Gobernación, en los contratos que, con el mismo objeto y de forma simultánea, se ejecutaron en el Departamento', se lee en el comunicado.
Lo anterior –explica la Contraloría– pudo haber repercutido negativamente en la cobertura del programa y las raciones de alimento que se les da a los alumnos. La cuantía de este hallazgo asciende a $111 millones 877 mil.
'De igual forma, el alcalde municipal, Efraín Quintero Mendoza, suscribió con el Consorcio Alimentación Escolar 2015, representada legalmente por Linda Navarro Hernández, el Contrato de Prestación de Servicios, identificado con el número 002 del 5 de junio de 2015, para la implementación del PAE en las Instituciones Oficiales del municipio', señala el ente de control.
Dicho contrato tenía una cuantía de $1.226 millones, recursos que provenían de regalías que fueron cancelados totalmente a favor del contratista. No obstante –señala la Contraloría– durante la etapa de formación contractual, la Administración Municipal omitió el cálculo de la cantidad de días en los que se prestaría el servicio. Además, en la ejecución del contrato incluyó sedes educativas no previstas, lo que ocasionó un aparente detrimento patrimonial por $341 millones 266 mil.
Informó, además, que el municipio 'no presentó un análisis que justificara las variables' tenidas en cuenta para la contratación del PAE ni tampoco se evidencia la propuesta económica presentada por el operador que fue seleccionado.
'Tampoco se consultó el estudio de costos por componente del Programa de Alimentación Escolar para el período 2015 ni se tuvieron en cuenta los contratos anteriores para la ejecución del PAE en otros municipios del Departamento del Cesar', aseguran.
Hallazgos en Primera Infancia
En cuanto a los hallazgos en la Pimera Infancia, la Contraloría señaló que el alcalde Quintero Mendoza, 'suscribió con el Consorcio Dotación 2015, representado legalmente por Paul José Saavedra Zuleta, el Contrato No. 005 de 2015, por cuantía total de $491 millones 481 mil'.
El contrato tenía como objetivo dotar los Centros de Desarrollo Infantil del municipio.
La Contraloría halló aparentes sobrecostos en las dotaciones contratadas, las cuales 'originaron un presunto detrimento patrimonial por cuantía de $230 millones 730 mil'.
