El Tribunal Superior de Barranquilla, en fallo de la sala de Justicia y Paz, ordenó al Estado colombiano implementar medidas para la reparación colectiva e individual del pueblo indígena kankuamo, al norte del Cesar, por la afectación que causaron en su tejido social y económico las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Luego del análisis de los impactos causados a esta etnia, el organismo judicial exige al Gobierno Nacional rescatar la diversidad étnica y cultural, dado el daño que les produjo el frente Mártires del Cesar del Bloque Norte del paramilitarismo, con asesinatos selectivos, secuestros y desplazamiento forzado, entre otros.
De acuerdo con el fallo, el conflicto armado colombiano ha sido uno de los 'detonantes históricos' que han convergido en el resquebrajamiento de la cultura kankuama; señala que el actuar bélico de los grupos armados al margen de la ley, el señalamiento subversivo injustificado a los miembros de la comunidad, y su ubicación estratégica que tiene acceso al mar, han generado 'múltiples desplazamientos y consecuencialmente la pérdida de identidad indígena', tanto que, a pesar de poseer sus marcados rasgos físicos, 'prefieren no profesar sus creencias por miedo a que el estigma generado por un colectivo armado, los siga afectando de manera permanente en sus vidas'.
El fallo también resuelve condenar a Randys Torres Maestre, alias ‘Poporo’, a 480 meses de prisión, como responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, desplazamiento forzado, destrucción y apropiación de bienes protegidos. Torres, quien es kankuamo, participó en los hechos violentos contra su etnia.
