El Tribunal Administrativo del Cesar condenó a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación de este departamento a pagarle a un particular $56.000 millones por daños materiales y lucro cesante tras permitir la invasión de un lote de su propiedad. El asentamiento irregular tras la ocupación del predio se conoce en esta capital como Tierra Prometida.
La cifra deberá ser pagada a José Francisco Guerra Vega, propietario del terreno que para la fecha de la invasión (29 de mayo de 2011) hacía parte de la finca Villanueva. En ese entonces, un grupo numeroso de personas ocupó el predio, sin el consentimiento del dueño, consolidándose la invasión ya mencionada en la cual actualmente habitan unas 1.200 familias.
El fallo también señala que el 8 de mayo de 2012, se dispuso el desalojo de estas personas, pero tampoco se cumplió porque los ocupantes interpusieron una acción de tutela, la cual prosperó, ordenando al municipio a abstenerse de realizar cualquier tipo de desocupación hasta que no se materializaran soluciones de vivienda para estas familias, teniendo que permanercer en el lugar porque no se materializó la entrega de las casas.
Desde esa fecha en adelante, el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar siguieron incumpliendo con el desalojo, y la invasión a Tierra Prometida cada vez tomaba más fuerza, ya solo no existían pequeños ranchos y cambuches sino que sus habitantes empezaron a construir casas, tiendas y demás infraestructuras por lo que el propietario se veía más impedido para recuperar su inmueble.
'La demanda interpuesta afirma que con la invasión del predio y no realizar un desalojo oportuno se dejó de construir un proyecto de vivienda para el cual ya se tenía la correspondiente licencia de urbanismo y construcción, trayendo con ello pérdidas millonarias', mencionó el Tribunal.
Qué dice el municipio y el departamento
Ante esta decisión el asesor jurídico de la Alcaldía de Valledupar, Robert Murgas, indicó que harán una apelación ya que cuando asumieron las riendas de la actual administración la demanda ya estaba en curso.
'Hemos iniciado un proceso de recurso de apelación porque consideramos que es contrario a los intereses del municipio y del departamento del Cesar, vamos a apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, y de ahí pasará al Consejo de Estado que tomará una última decisión', explicó el funcionario.
Entre tanto, la oficina jurídica de la Gobernación del Cesar indicó que por el momento no hay un pronunciamiento ante la sentencia.
De los $56.000 millones de pesos a pagar, 45.000 millones de pesos corresponden a perjuicios materiales y el resto por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
