Por lo menos nueve beneficiarios de la urbanización de interés social 'Nando Marín', al sur de Valledupar, estarían cerca de perder sus casas por incumplir algunas de las obligaciones que contempla el Decreto 1077, que reglamenta el sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Funcionarios del Ministerio de Vivienda, adscritos al Fondo Nacional de Vivienda; Fonvisocial, la Personería de Valledupar, y la Policía Nacional, realizaron una visita de verificación en las urbanizaciones 'Nando Marín' y 'Lorenzo Morales', en donde detectaron cinco casos de propietarios que no están viviendo en los apartamentos que les fueron asignados, lo que se constituye en una infracción a las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional dentro del programa de viviendas gratuitas.
El gerente de Desarrollo Social de Fonvisocial, Gabriel Pineda Arregocés, informó que el Ministerio de Vivienda abrirá el proceso de revocatoria del subsidio en contra de estos propietarios, al evidenciar el uso indebido del inmueble, situación que ya le fue notificada a los implicados.
Según Pineda Arregocés, las verificaciones y consecuentes acciones de revocatoria las está adelantando el Ministerio en todo el país, a raíz de una serie de denuncias recibidas por parte de la misma comunidad. 'Es válido aclarar que nosotros como entidad encargada del tema de vivienda en el municipio solo hacemos acompañamiento al proceso, junto con la Policía y la Personería; las medidas las toma el nivel central, directamente desde Fonvivienda', expresó el funcionario.
Una vez se determine la revocatoria y el bien sea expropiado, serán reasignados a nuevos beneficiarios que están en la lista de víctimas de desplazamiento o en la base de datos del Departamento de Prosperidad Social.
En Valledupar ya se ejecutó la primera revocatoria de vivienda y hay en proceso otras cuatro, la mayoría por tener las viviendas subarrendadas o por no pagar administración, dos causales de pérdida del inmueble que están señaladas en el Decreto 1077, el cual establece la obligatoriedad de que las viviendas sean habitadas únicamente por sus propietarios, que se cancelen en forma oportuna las cuotas a las que haya lugar por concepto de administración, zonas comunales y servicios públicos domiciliarios, y que además no sean utilizadas para cometer acciones ilícitas.
Precisamente, la semana anterior se cumplió con la entrega de una vivienda a su nuevo propietario, dentro del proceso de revocatoria ejecutado, aunque El Heraldo conoció que el dueño anterior, a quien se le quitó el bien, impetró una acción de tutela con la que aspira reversar la decisión y recuperar el inmueble.
Este año, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio inició 2500 proceso de revocatoria de subsidios en todo el país, de los cuales el 64% se adelantan en la región Caribe, en su mayoría en el departamento del Atlántico.
