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Los pueblos indígenas con asentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta exigieron al Gobierno Nacional que tome medida frente a la minería en el macizo, advirtiendo un grave daño ambiental y afectación a las fuentes hídricas.

Autoridades tradicionales y miembros de las comunidades arhuaca, kogui, wiwa y kankuama, indicaron que existen cerca de 160 minas que estarían afectando los ríos, quebradas y hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta.

El cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias, señaló que 'aquí nacen 36 ríos, están los glaciares que regulan la temperatura y el agua de la región Caribe; el llamado que hacemos a la sociedad y al Gobierno es que nos ayuden a la protección de este territorio sagrado que hoy está en riesgo'.

En protesta a lo que viene sucediendo, integrantes de estas etnias se tomaron las instalaciones de la mina La Peña de Horeb, en el kilómetro 4, vía Valledupar-corregimiento La Meza, la cual, según pudo constatar la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, máxima autoridad ambiental en este departamento, viene desarrollando actividades de extracción de material de arrastre, sin tener licencia para ello.

Las autoridades indígenas pidieron que no se permita más minería ilegal, a la vez que exigieron que se respetara el proceso de consulta previa con las comunidades, antes de otorgar los permisos.

Julio Suárez, jefe de la oficina jurídica de Corpocesar, reconoció que la mina que se ‘tomaron’ los indígenas, opera de manera ilegal e indicó que se están adelantando las medidas necesarias para evitar la explotación de materiales que viene realizando.

'Hoy la cantera no goza de título minero por lo que se configura como minería ilegal y el proceso se encuentra en formulación de cargos', señaló el funcionario.

Fernando Villegas, abogado de la cantera, aseguró que son respetuosos con las autoridades tradicionales de los pueblos y de la Sierra Nevada y que buscan el camino del diálogo. 'Desde el año 2015 solicitamos que se haga la convocatoria para hacer la consulta con las comunidades, pero ellas no acuden al encuentro', aseguró.

La oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Cesar hizo acompañamiento a la comunidad indígena arhuaca para verificar la explotación de yacimiento a la mina La Peña del Horeb, que opera la empresa minera Explominerales de la Costa S.A, ratificando la medida de suspensión preventiva de actividades a la compañía. Esta decisión se justificó porque dicha empresa no presentó los documentos que acreditaran el ejercicio de actividades mineras en la zona.

Pronunciamiento de los pueblos indígenas

Los cuatro pueblos indígenas, a través del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, se habían pronunciado el año anterior frente a la minería a gran y pequeña escala en el macizo.

'En cumplimiento de nuestra misión como guardianes del corazón del mundo, los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta nos reunimos en Chemesquemena -Territorio Kankuamo- del 11 al 14 de Febrero de 2016, con el propósito de analizar, reflexionar y proponer desde nuestros principios ancestrales soluciones a las problemáticas que afectan espiritual, material y físicamente a nuestra madre naturaleza, a la vida, el territorio y la integridad cultural, y que están relacionadas con la implementación de megaproyectos energéticos, minero y de infraestructura en nuestro territorio', señalaron.

Indicaron que durante la reunión se evidenció que no existen garantías en la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada que les permitan articular su visión y principios de vida con la del Gobierno Nacional, lo cual afecta negativamente la pervivencia como pueblos indígenas y la construcción de un diálogo intercultural en igualdad de condiciones.

'De hecho, en la forma como se están llevando las consultas previas no se están protegiendo nuestros derechos, sino que por el contrario es evidente una profanación y destrucción cada vez mayor en los sitios y espacios sagrados que garantizan el equilibrio de la vida, el agua y todo el ordenamiento natural donde se han realizado los procesos de consulta previa y otras iniciativas desarrolladas de forma inconsulta', expresaron.

Audiencia pública

Este martes, el Procurador General, Fernando Carrillo y magistrados de la Corte Constitucional, liderarán una audiencia pública en Nabusímake con las autoridades y comunidades nativas donde temas como la minería, víctimas, territorio, el derecho al medio ambiente sano, la defensa de la tierra y el agua, serán parte de la agenda.