Entre junio de 2014 y diciembre de 2015, el llamado ‘cartel de la chatarrización’ en la secretaría de Tránsito de Valledupar, se apropió de más de 2.300 millones de pesos, a través de acciones fraudulentas en el registro y desintegración de vehículos de carga, que con documentaciones falsas lograban sacar de circulación en el papel, pidiendo nuevos cupos para su reposición, los cuales eran vendidos a terceros, sin que el dueño original del automotor se percatara de lo sucedido.
La captura y judicialización del ex secretario de Tránsito de este municipio, Óscar Tom Socarrás, luego que se entregara la mañana de este sábado voluntariamente a la Fiscalía, tras tener una orden de detención en su contra, permitió al ente acusador revelar en la audiencia de imputación de cargos, detalles de la forma como operaba lo que el organismo de investigación denominó una 'empresa criminal'.
Según la Fiscalía, Óscar Tom, orquestaba la cadena de ilícitos en la dependencia que dirigía desde noviembre de 2013 cuando se posesionó en el cargo, en el gobierno del exalcalde y hoy viceministro de Trabajo, Fredys Socarrás Reales. El ente investigador también tiene clara la participación de la excoordinadora del Registro Único de Transito en Valledupar, Ingrid Hinojosa; y del actual concejal y ex asesor jurídico de la secretaría de Tránsito Leonardo Mestre; aunque existen otras personas implicadas entre tramitadores y ex funcionarios.
Hinojosa era la encargada de digitar los datos de todos los vehículos matriculados en esa Secretaría y expedía el certificado de tradición y libertad de los mismos, de conformidad a la solicitud de desintegración; Óscar Tom, hacía los requerimientos de las nuevas placas al Ministerio de Transporte con documentos falsos, haciéndolos incurrir en error mediante engaños; y Leonardo Mestre coordinaba los trámites; entre el eslabón de esta cadena de corrupción que investiga la Fiscalía aparece José Vicente Ustariz, a quien presentaban como asesor jurídico sin que tuviera contrato con esa dependencia.
Los cupos de los automotores que chatarrizaban, en su mayoría sin autorización del dueño, los homologaban con otros vehículos y al final se perdían las carpetas, por lo que no podían responder cuando el verdadero propietario realizaba el trámite. La Fiscalía indicó además que por cada cupo entregado, cobraban hasta 70 millones de pesos.
81 chatarrizaciones
El equipo investigador encontró que entre junio de 2014 y diciembre de 2015, lograron chatarrizarse 81 vehículos tramitados en la secretaría de Tránsito de Valledupar, todos con una misma empresa, con sede en Barranquilla. Reveló la Fiscalía que de esos automotores, 52 presentaron inconsistencias.
Uno de los casos que presentó en audiencia el órgano de investigación fue el de Arturo José Daza, dueño legítimo del vehículo de placas UWA-456, quien fue a realizarle la revisión técnico mecánica, encontrándose con la sorpresa que no podía hacerla porque su automotor aparecía chatarrizado.
La Fiscalía detalló que fue el mismo secretario de Tránsito de la época, Óscar Tom Socarrás, el que había solicitado placas nuevas para ese automotor, según consta en acta del 9 de diciembre de 2014, para poder realizar el proceso de desintegración, solicitud que fue hecha por Omar Antonio López, quien aparece en el certificado de tradición y libertad del vehículo como propietario, certificación expedida por la ex coordinadora local del Runt Ingrid Hinojosa.
Según manifestó el ente investigador durante audiencia en el Juzgado Segundo Penal de Valledupar con funciones de control de garantías, donde se legalizó la captura e imputaron cargos a Óscar Tom; cuando se practicó la inspección judicial a la secretaría de Tránsito no se encontró la totalidad de las carpetas de los carros chatarrizados.
La Fiscalía determinó que falsificaron documentos públicos y privados, transformando las características de los camiones supuestamente desintegrados para adquirir el cupo de vehículos de clase superior. Así transformaban camiones sencillos en tractomulas.
Según el organismo, un camión sencillo de 2 ejes lo transformaron a camión de tres ejes con el fin de recibir reconocimiento económico o reposición del cupo de un vehículo de clase superior hasta por 70 millones de pesos; por un camión sencillo con capacidad de peso de 10 mil kilos recibían $35 millones; el reconocimiento económico por un supuesto camión de 2 ejes era de $50 millones y el de un doble troque, de cuatro ejes, de $70 millones. También lograron cambiar el registro de vehículos de servicio particular a servicio público, falsificando las firmas y los traspasos existentes.
'Fue así como de común acuerdo falsificaron traspasos, alteraron características de vehículos, ocultaron carpetas y expedientes de automotores, certificaron falsedades, engañaron a funcionarios del Ministerio de Transporte haciéndoles incurrir en error para lograr su propósito criminal que era apropiarse de los dineros del Estado que estaban destinados en reconocimiento y pagos de las compensaciones de chatarrización por reposición', precisó la Fiscalía.
Sirvieron las denuncias
En 2015, Guillermo de Jesús Rivero, exfuncionario encargado del archivo de la secretaría de Tránsito, puso en conocimiento de las autoridades una serie de irregularidades en esa dependencia; entre las que sus superiores les exigían las carpetas con la información de los vehículos que debían ser chatarrizados.
Esto sumado a las denuncias de propietarios de vehículos, que resultaron afectados, y que conoció la entonces contralora municipal, Mercedes Vásquez, dio pie para que la Fiscalía iniciara la investigación, que dos años después arroja resultados con la desarticulación del ‘cartel de la chatarrización’, la captura y judicialización de los implicados.
