La Procuraduría Regional de Cesar formuló pliego de cargos al diputado Julio César Casadiegos Navarro, por no asistir, aparentemente, a 112 sesiones de la corporación, durante el periodo 2012 – 2015.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, Casadiegos Navarro no habría justificado su ausencia a 77 sesiones ordinarias y 35 extraordinarias, con lo que habría incumplido el reglamento interno de la entidad y su deber de ajustar sus actuaciones a la Constitución y la ley.
Igualmente, y pese a sus múltiples ausencias, habría recibido la totalidad de su remuneración, con lo que causó un posible detrimento de los recursos de la Asamblea, pues no se le aplicó ningún descuento por parte de la corporación.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta aparentemente cometida por el diputado como grave a título de dolo.
Actualmente Julio César Casadiegos se desempeña como diputado del departamento, luego de ser reelegido para el periodo 2016 – 2019.
Había sido inhabilitado
El año pasado, la Procuraduría inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años, al diputado Casadiegos, al encontrarlo responsable de falta gravísima a título de dolo por conducir con la licencia suspendida y en aparente estado de embriaguez.
A comienzos de febrero pasado el Ministerio Público le abrió indagación preliminar al diputado cesarense del partido Cambio Radical, luego que en la madrugada del 25 de enero de ese año chocara su camioneta contra un taxi, conduciendo en contravía por una calle al norte de Valledupar, siendo grabado en video durante un procedimiento de la Policía, negándose a practicarse la prueba de alcoholemia.
Luego del incidente, las autoridades de tránsito, indicaron que Casadiego, al momento de los hechos en el que le fue inmovilizada la camioneta que conducía, tenía suspendida la licencia por cinco años y multas por 10 millones de pesos por infracciones anteriores.
No obstante, tras prosperar una tutela, Julio Casadiegos retornó en marzo de este año a su curul en la Asamblea, tras la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de suspender temporalmente la inhabilidad de 10 años que le impuso a finales de 2016 la Procuraduría General de la Nación.
