Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, los 25 alcaldes de los municipios del Cesar deberán cumplir con las citaciones a la Mesa de Seguimiento Carcelario y Penitenciario, el próximo martes 3 de octubre.
De acuerdo con el ente de control disciplinario, la presencia de los mandatarios municipales es de vital importancia para hallar soluciones a las actuales condiciones de la población reclusa en el Cesar. Por esta razón, la Procuraduría Regional de este departamento los convocó para que asistan, a las 9 de la mañana, a la sala de audiencias de la entidad en Valledupar, ubicada en el quinto piso del Edificio de la Caja Agraria.
El Ministerio Público señaló que el nuevo llamado tiene origen 'en el incumplimiento de más del 80 % de los alcaldes municipales citados el pasado miércoles a la actividad', a la cual solo asistieron los mandatarios de Bosconia, San Diego, Astrea y Tamalameque.
'En la Mesa de Seguimiento Carcelario y Penitenciario se abordan, entre otros temas, las acciones realizadas por los entes territoriales para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, relacionadas con la apropiación de recursos para atender los gastos que demanda el personal interno de las cárceles de Chiriguaná, Codazzi y Valledupar', explicó la Procuraduría.
Añadió que para el Ministerio Público, 'como garante de la protección de los derechos humanos', es trascendental que los mandatarios adopten medidas de orden presupuestal, vitales para garantizar el debido funcionamiento de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en el reciente Congreso Internacional ‘Hacia la Construcción de una Nueva Política Penitenciaria en Colombia’, organizado por la entidad, sostuvo que aunque no es 'rentable políticamente para los alcaldes construir cárceles, es obligatorio que todos hagan su aporte porque no se trata de votos, sino de vidas humanas que exigen garantías a sus derechos'.
'Una cárcel no es una carga social, sino una herramienta de transformación para garantizar derechos', considera el jefe del Ministerio Público.
