El superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, ordenó la apertura de una investigación para determinar quiénes son los responsables del fallecimiento de 16 neonatos entre Junio de 2016 a enero de 2017, que al parecer estarían relacionados con la utilización de un medicamento para el desarrollo pulmonar de bebés prematuros.
El proceso se ordenó tras identificar una serie de hallazgos que representan riesgo para la seguridad de los usuarios.
La entidad de control realizó una visita de inspección entre el 26 y el 29 de julio de 2017, evidenciando fallas administrativas en la selección, adquisición y recepción del medicamento utilizado, situación que es materia de investigación por todas las entidades competentes.
'Ordené de manera inmediata la apertura de una investigación administrativa tanto a la Secretaría de Salud del César como a esta clínica, para establecer las responsabilidades frente a una situación tan grave, en donde presuntamente hubo dilación en el proceso por parte del ente territorial. En uso de la competencia preferente que tiene esta entidad, asumimos la investigación que debió realizar dicha Secretaría', advirtió el superintendente Muñoz.
Faltas incurridas
Según el concepto emitido por el equipo auditor encargado de realizar la visita, la IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A incurrió en fallas administrativas en el proceso de contratación con los proveedores comprando medicamentos sin la verificación de la documentación mínima.
De igual manera, se encontraron órdenes de compra sin firma de quien elabora y de quien autoriza, y órdenes de compra con fecha posterior a la entrega de productos en la farmacia.
La Superintendencia también informó que las compras se generaron más como un resultado de la 'experiencia del personal responsable de la misma, que realmente por un proceso sistemático como consecuencia del histórico uso de medicamentos en el centro asistencial'.
Otra de las faltas de la Clínica Laura Daniela de Valledupar consiste en la falla en el proceso técnico de recepción de medicamentos al permitirse el ingreso con un registro sanitario que no correspondía con el producto y calificado por el Iinvima como de origen fraudulento. Además radicar, procesar y pagar facturas que no cumplen con las exigencias definidas por el Estatuto Tributario de la DIAN.
'La información suministrada por la IPS carece de confiabilidad, toda vez que las bases de datos con los pacientes a los que se les suministró el medicamento tuvieron que ser construidas y se encuentran con información incompleta, creando un alto nivel de incertidumbre sobre la veracidad de los datos', aseguró la Superintendencia Nacional de Salud en un comunicado.
La Supersalud agrga que la Secretaria de Salud Departamental del César, encargada de asumir en primera instancia las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los comercializadores de medicamentos e IPS, no cumplió su función para el caso.
'Buscamos establecer por qué no hubo un control contundente y paralelo a esto, verificar si este tipo de situaciones se vienen presentando en otros municipios del territorio nacional', agregó el funcionario.
Para la Supersalud, estas fallas administrativas ponen en peligro no solo la salud, sino la vida de los pacientes que actualmente acuden a esta clínica, razón por la que adelanta una investigación de tipo administrativa que establecerá las responsabilidades y tomará las acciones necesarias para garantizar una atención integral a los usuarios.
