La Gobernación del Cesar contrató con la ex secretaria General y de Gobierno del departamento del Putumayo Karina Icela Rojas Maestre, sancionada con inhabilidad general por 12 años por la Procuraduría General a partir de 2010, tras presuntas irregularidades en el ejercicio de ese cargo, medida que también cobijó al gobernador de ese ente territorial de entonces Felipe Alfonso Guzmán.
En la página de contratación estatal figura un contrato por prestación de servicios profesionales para asesorar al gobernador del Cesar en temas de políticas públicas y posconflicto, por un valor de $83.844 millones, con un plazo de 11 meses, a partir del 8 de enero de 2016, por el cual tuvo unos pagos mensuales de $7.128.987 y otro por el tiempo restante de $5.465. 536. Fecha en la cual estaba vigente la sanción.
Terminado ese contrato como asesora de despacho, al parecer este año suscribió otro contrato, pese a la inhabilidad con la que fue sancionada por la Procuraduría, relacionada con irregularidades encontradas en la contratación realizada por la Gobernación del Putumayo en diciembre de 2008, con ocasión de la adjudicación del proyecto Desarrollo Integral de la Infancia a través de la recreación con juguetes lúdicos y participación de las actividades decembrinas, por valor de $470 millones.
Un documento
Según la determinación del Ministerio Público, se omitió el deber de selección objetiva del contratista en la celebración de dos convenios por $253.802.700 y por $216.170.000, respectivamente, con la Fundación Cultural de Putumayo y la Fundación Ambiental. De acuerdo con la Procuraduría, dichos contratos se realizaron sin el soporte económico y sin indicar el número de niños a beneficiar.
En el mismo concepto se señala que 'se desconocieron los principios de transparencia y responsabilidad, al haber acudido a un procedimiento contractual excepcional utilizando un programa destinado a la niñez, bajo el pretexto de conjurar la situación ocasionada por la intervención del Gobierno Nacional a las captadoras ilegales de dinero'.
De acuerdo con el Ministerio Público, se violó el principio de selección objetiva, al otorgar convenios por más de $250 millones y otro por 216 a la Fundación Cultural de Putumayo y la Fundación Ambiental.
En el contrato bajo la modalidad directa con la Gobernación del Cesar como asesora en enero de 2016, Karina Icela Rojas firmó bajo la gravedad de juramento no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la ley.
