La Fiscalía quinta seccional en Valledupar solicitó para audiencia de imputación de cargos como presunto responsable de los delitos de corrupción al elector e invasión de tierras o edificaciones, al alcalde de este municipio, Augusto Ramírez Uhía. Atendiendo el requerimiento, el Centro de Servicios Judiciales, fijó el 24 de este mes, a las 10 de la mañana, para el desarrollo de la diligencia.
En junio pasado, el mandatario rindió versión libre ante la Fiscalía, dentro del proceso en que se investiga la presunta comisión de los delitos de corrupción al elector e invasión de tierras, luego que en 2011 cuando era candidato por primera vez a la Alcaldía de Valledupar, al parecer hiciera compromisos de no desalojar a cientos de familias que se habían asentado irregularmente en predios privados, a cambio de obtener sus votos; así como de construir soluciones de vivienda para ellas, de llegar a ser mandatario.
Aunque en esa oportunidad, Ramírez no alcanzó la votación suficiente para ser alcalde, suscribió unos compromisos previos que quedaron plasmados en dos documentos que como constancia fueron autenticados en Notaría.
Los dos acuerdos los firmó en septiembre de 2011, el primero con los invasores de la finca Sabana 1, propiedad del mayor (r) Alberto Pimienta, donde se formaron los asentamientos ilegales Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Guasimales, ubicados en el noroccidente de la ciudad. En este documento Ramírez Uhía se comprometía con esas comunidades a incluirlas en su programa de gobierno con la construcción de más de 2.000 viviendas dignas a cambio de que votaran por él. El otro fue firmado con los invasores de lo que se conoce como Tierra Prometida, un terreno cuyo dueño es el constructor Óscar Guerra Bonilla, en el sur de esta capital.
En junio el alcalde Augusto Ramírez reconoció que rindió versión libre, pero no por ser citado por el ente acusador. Precisó que hizo una exposición que permitió contextualizar al fiscal del caso sobre todas las situaciones que se presentaron en 2011 y que se desconocían algunas sentencias que se habían proferido por el Juzgado Segundo Civil del circuito de Valledupar, y confirmadas por el Tribunal Superior en junio de ese año.
