La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $1.985 millones de pesos contra el exalcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio (2008-2011), por irregularidades en la contratación de una consultoría que adelantó un estudio para construir una represa en la cuenca del arroyo San Antonio.
El daño patrimonial se dio en la suscripción del contrato de consultoría No. 063 de 2010, que tenía como objeto un estudio de viabilidad técnica y financiera para construir esta represa.
La Contraloría encontró que existe responsabilidad fiscal del exfuncionario por la gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de los recursos de regalías del Municipio de La Jagua de Ibirico.
Esto al invertir $1.490 millones en dicha consultoría, cuando el estudio objeto de la misma tuvo reparos por parte de la Interventoría del proyecto, que señaló que esta represa no era necesaria. El valor del daño patrimonial indexado suma $1.985 millones.
Así mismo se encontraron deficiencias en la estructuración del proyecto pues dicho estudio no partió de unos supuestos que evidenciaran su sostenibilidad y viabilidad técnica, ambiental, financiera, y socio-económica.
Adicionalmente existía una mayor prioridad para el municipio en complementar y garantizar el suministro de agua potable a través de una planta de tratamiento, por cuanto La Jagua de Ibirico no tiene carencias en la captación del preciado líquido.
