Trece procesos de responsabilidad fiscal por $8.518 millones tiene abiertos la Contraloría en el Cesar por irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar, y por lo cual son investigados más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas.
Entre los investigados están el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla; el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, y el exgobernador Luis Alberto Monsalvo; además de los actuales secretarios de Educación y General del Cesar, Jorge Eliécer Araujo y Jaime Luis Fuentes; los secretarios de Educación y General de Valledupar, Luis Carlos Matute y José Juan Lechuga; y el exsecretario de Educación de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote.
Igualmente el exsecretario de Educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermudez Castilla; el exjefe de Planeación del municipio de Gamarra, Álvaro Alberto Clavijo Ramírez; y el funcionario de la Gobernación del Cesar Octavio Lafont Chica, en su calidad de supervisor de 3 contratos, vinculado a igual número de procesos.
Contratistas investigados
Entre los contratistas están vinculados la Fundación Kabala, la Asociación de Manipuladores del Cesar, la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad –Sysdac; la Corporación Gestión del Recurso Social Humano –GERS; y la Fundación Acción Social Integral –ACSI, antes Kabala.
Dos de los casos donde está involucrada la Fundación Acción Social Integral –ACSI, se relacionan con presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del PAE en contrataciones realizadas por las actuales administraciones de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar.
También se investiga a la Corporación Corazón País (en 2 procesos), la Fundación de Programas de Prevención Nutrición Provenir, la Fundación Proveer Nuevo Milenio y la Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas.
Estos procesos de responsabilidad fiscal son algunos de los casos emblemáticos que ha tramitado, en el último año, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el departamento del Cesar, según se dio a conocer este jueves en la Rendición Pública de Cuentas que realizó este organismo de control en Valledupar.
Otro proceso relevante que adelanta la Contraloría por $829 millones, por irregularidades en la pavimentación de vías urbanas, cobija al ex Alcalde del municipio de Gamarra, Rafael Cruz Casado.
Fallo fiscal por $1.190 millones contra ex directivo del Grupo Nule
El organismo también profirió fallo de responsabilidad fiscalo por $1.467 millones contra Mauricio Galofre Amín, ex directivo del llamado Grupo Nule, por daño patrimonial a los recursos de regalías del presupuesto de la Gobernación del departamento del Cesar.
Galofre Amín actuaba como miembro y Representante Legal de la Unión Temporal Sabaneta, contratista de una obra receptora de anticipos pagados por la Gobernación del Cesar ($1.190 millones), que no se invirtieron en la misma y fueron desviados.
El fallo con responsabilidad fiscal se presentó dentro del proceso verbal iniciado con ocasión de un contrato de obra para la pavimentación de vías en los municipios de Chiriguaná y San Martín (Cesar).
Después de múltiples suspensiones y prórrogas, los plazos contractuales se vencieron sin que nunca se iniciara la construcción de la obra.
