La Fiscalía reveló detalles sobre la forma cómo distribuidores no autorizados comercializaron con el hospital Rosario Pumarejo de López y la clínica Laura Daniela, en Valledupar, el medicamento Survanta falsificado que le habría sido suministrado al menos a 24 bebés prematuros, de los cuales 16 fallecieron entre junio de 2016 y enero de 2017 en la IPS.
Por el caso de los recién nacidos fallecidos, cuyas madres claman justicia, la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre pasado multó con 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la clínica, algo más de $730 millones; y el mes pasado con $468 millones a la Secretaría de Salud, como resultado de las investigaciones.
Aunque el Juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías cobijó con detención domiciliaria a los cuatro capturados, implicados en la venta, adquisición y distribución del medicamento fraudulento, para la Fiscalía fueron estos quienes desempeñaron un rol importante para que dicha droga terminara de manera irregular en los establecimientos de salud en mención.
'Tanto en la clínica Laura Daniela, que es una empresa privada como en el hospital Rosario Pumarejo de López, que es una entidad pública le compraron a unos distribuidores, Farmapos y VC Medical, un medicamento Survanta, que no podía ser vendido por estos, porque el laboratorio que lo fabrica tiene unos clientes plenamente identificados que son los únicos que están autorizados para la venta de este medicamento; de manera que si estas personas no le compraron al laboratorio, significa que lo adquirieron en el mercado negro, se lo compraron a un vendedor no autorizado por el laboratorio, más aun cuando se pudo establecer, posteriormente, que el mismo medicamento que ellos vendieron tanto a la clínica como al hospital, después de realizar un análisis físico-químico, se obtuvo que no era conforme, es decir que estaba adulterado o falsificado', indicó la Fiscalía.
Los implicados
Los procesados por este caso son France Lozano, gerente y representante legal de Farmapos; José Said Moreno, regente de la farmacia de dicha empresa; Lester Turbay Montenegro, vendedor independiente y Aroldo Daza, ex jefe de compras de la clínica Laura Daniela, quienes enfrentan cargos por los delitos de usurpación de marca y patente e imitación, y simulación de medicamentos o alimentos, por los que podrían pagar penas entre 4 y 8 años de prisión por la primera conducta punible y entre 5 y 11 años de cárcel por la segunda.
De acuerdo con la Fiscalía 'estos señores adquirieron de un vendedor no autorizado por el único laboratorio acreditado para distribuir este medicamento Survanta en el país y con fines comerciales, en este caso dicho nombre estaba siendo utilizado de manera fraudulenta con el fin de tener un beneficio económico en detrimento del patrimonio del laboratorio por parte de terceros que tenían como fin utilizar el Survanta con miras de obtener unas ganancias mayores debido a que el valor en el mercado negro, compra-venta o intercambio clandestino de productos que violan la norma comerciales, era mucho menor que el precio comercial que tenía establecido el fabricante, estas personas comercializaron el medicamento falso como si fuera el producto original'. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, con base en las facturas, la distribuidora Farmapos vendió cada ampolla de Survanta a la clínica Laura Daniela y al hospital Rosario Pumarejo de López, en un millón 770 mil pesos. Sin embargo el valor comercial del medicamento original de es aproximadamente de un millón 200 mil pesos. No obstante, en el mercado negro pudo haber sido adquirido en un precio mucho menor.
'La señora representante legal y gerente de Farmapos es la persona que compró el medicamento Survanta a un vendedor no autorizado, según ella, llamado Comercializadora MAS EU. Asegura France Lozano en el interrogatorio que no realizó la recepción técnica y a pesar de esto procedió a comercializar con el hospital y la clínica Laura Daniela, argumentando simple y llanamente que en su oficina otra persona, el cual no conoce, le dijo que él manejaba el Survanta y que aquí en Valledupar no había distribuidor que manejara el medicamento y que conocía la empresa comercializadora MAS EU que lo distribuía y le habló de precios, pero asegura la señora Lozano en su versión ante la Fiscalía, que esta persona a quien no hemos podido localizar, no le entregó factura alguna del medicamento que le compró a pesar de que ella se la pidió en varias oportunidades', esto lo manifestó France Lozano en el interrogatorio de la policía judicial.
Precisa la Fiscalía que 'tenemos una certificación expedida por el laboratorio donde relaciona que MAS EU no es su cliente, existen facturas que comprueban que la señora France Lozano le vendió a la clínica y hospital el Survanta de los dos lotes que tenemos establecidos y plenamente identificados como fraudulento, esa sería la participación de ella'.
En cuanto a José Said Moreno, regente de farmacia la distribuidora Farmapos, dijo la Fiscalía que 'vemos que existió una coautoría impropia entre Moreno y France Lozano, debido a que este se encargó de facilitar la entrada del medicamento a la distribuidora Farmapos, y por ende la entrada de este Survanta fraudulento al mercado, siendo materializado cuando lo vendiera a la clínica Laura Daniela y al hospital; dentro de su actuar Moreno no hizo el proceso de recepción técnica al que estaba obligado en su cargo como regente de la distribuidora, no lo hizo contribuyendo a la comercialización del medicamento fraudulento que fue a parar al hospital y la clínica donde fue aplicado a neonatos los cuales en su mayoría fallecieron'.
Sobre la presunta participación de Lester Turbay Montenegro, distribuidor de medicamento, la Fiscalía señaló que 'este señor comercializaba el medicamento Survanta sin autorización del laboratorio; no existe procedencia de donde obtuvo las dosis de Survanta que vendía, y terminaron suministrando en neonatos en el hospital y la clínica'.
Sobre Aroldo Daza Durán, el ente acusador precisó que está identificado como el ex jefe de compras de la clínica Laura Daniela. Su responsabilidad era la selección de proveedores, adquisición y recepción técnica de medicamentos, era la persona de escoger el proveedor, medicamentos y verificar todo lo concerniente a los mismos; sin embargo, precisa el organismo de investigación, que contrató con una persona que no tenía permiso de la Secretaría de Salud para funcionar y sin autorización de comercialización de Survanta por parte del laboratorio y a pesar de esto compró el medicamento y dio visto bueno positivo para firmar órdenes de pago.
