Como presunta responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía le imputó cargos a Ana Dilia Fonseca Mejía, funcionaria del Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar (Cesar), luego de evidenciar que haría parte de la red de funcionarios y particulares que defraudaron a Colpensiones así como a entidades financieras y aseguradoras, a través de trámites irregulares para la obtención de pensiones y créditos.
La captura de la funcionaria, que se materializó este jueves en Valledupar por parte del CTI de la Fiscalía Seccional Cesar, hace parte de la Operación Frenocomio, a través de la cual el ente acusador puso al descubierto un entramado criminal que funcionaba desde el 2016 y que tenía por objeto declarar a personas como enfermas mentales para que lograran su pensión por invalidez, usando documentos falsos. Así, la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos, solo en Valledupar.
En desarrollo de seguimientos, interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos, la Fiscalía estableció que la procesada Fonseca Mejía sería la persona que tramitaba y proyectaba las acciones de tutela interpuestas por abogados, reclamantes directos, aseguradoras, bancos y empresas, para hacer efectivos los respectivos seguros y condonaciones de las deudas de las personas que simulaban enfermedades para pensionarse.
Estas acciones de tutelas argumentaban la violación al mínimo vital. De acuerdo con la investigación, para cometer estos hechos, la mujer tenía como enlace dentro de la estructura delictiva a José Miguel Meléndez Vega, también judicializado en este caso, con quien se presume lograron tramitar más de 150 acciones de tutela para beneficiar a docentes, militares (soldados profesionales) y trabajadores de las empresas multinacionales explotadoras de carbón Drummond, Cerrejón y Prodeco. Cabe recordar que Meléndez Vega y nueve personas más fueron capturadas y judicializadas el 9 de abril último, dentro de esta investigación, por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Al término de la audiencia de imputación de cargos, la mujer Mejía no aceptó los cargos. Entretanto, el Juzgado Segundo Bacrim con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria, aunque la Fiscalía solicitó que fuera en centro carcelario.
Finalmente, la fiscalía seccional de la Unidad de Administración Pública de Valledupar, a cargo del proceso, compulso copias ante el Tribunal Superior de Valledupar para que se investigue al titular de Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar, por competencia.
