La superintendente de servicios públicos, Rutty Paola Ortíz Jara, señaló ayer que la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, continúa bajo monitoreo y acompañamiento por parte de la entidad, luego que en 2016 planteara un plan de salvamento ante la crisis financiera y operativa que registraba la misma.
La funcionaria le dijo que 'a partir de este ejercicio de vigilancia que tuvo el acompañamiento de la Superintendencia, Emdupar mejoró considerablemente sus indicadores'.
No obstante, precisó que el monitoreo continuará y se suma un acompañamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que se logra 'asumir compromisos de mejorar no solo en prestación, sino fortalecerla organizacionalmente, ayudar a tener mejores procesos administrativos y financieros', dijo.
La Superintendencia tiene una prohibición expresa de vigilar la contratación de las empresas de servicios públicos; sin embargo, ante el contrato que Emdupar firmó con la empresa antioqueña Radiam, para mejorar el recaudo, la superintendente sostuvo que los usuarios pueden, en caso de que así sea necesario, presentar quejas ante la entidad por la facturación.
De $71.000 millones, la cartera morosa
La cartera en poder de los usuarios asciende a $71.000 millones, por lo cual en procura de recuperar los dineros se han establecido estrategias desde la misma empresa para recuperar los dineros y hacerla viable financieramente.
El gerente José María Gutiérrez, señaló que el primer paso fue realizar el cobro persuasivo, con estrategias como ‘Emdupar al barrio’ lo cual sumó a la gestión de recaudo total de la empresa que pasó del 11 por ciento, al 23 por ciento; implementando además el cobro coactivo.
'Iniciamos con la notificación a 1.104 usuarios entre locales comerciales y particulares, de los estratos 3, 4, 5 y 6, para que llegaran a la empresa a saldar su deuda o realizar acuerdos de pago, cumplido un plazo para esto, se inició el proceso de embargo', manifestó el Jefe de Gestión Jurídica de Emdupar, Nicomedes Vásquez Berrio.
Con la implementación del cobro coactivo, se expedirán unas medidas preventivas de embargo y secuestro de bienes, de retención de salarios, cuentas bancarias de los particulares y de las entidades, este proceso se hará en tres meses y se podría recaudar la suma de 10,000 millones de pesos.
'Hemos comenzado con las facturas más antiguas con el efecto de cortar la prescripción que viene determinada por la Ley en cinco años para que la prescripción no siga operando', explicó Nicomedes Vásquez.
