Como una medida de impacto negativo, que desacelera el desarrollo para el Cesar, La Guajira y Magdalena, calificaron los gobernadores de estos departamentos el decreto que proyecta el Gobierno Nacional para redefinir la ‘Línea Negra’ de los territorios indígenas en la Sierra Nevada.
Luego que los mandatarios, con el respaldo de otros gobernantes de la Costa, enviaran una comunicación al presidente Santos, pidiendo que se frene la intención de sancionar dicho decreto, para previamente revisarlo y debatirlo de manera conjunta, los gobernadores manifestaron su preocupación por las consecuencias que traería en el atraso de proyectos de interés económico y social para la región.
'Abstenerse de suscribir el decreto en cuestión, e integrar una mesa de diálogo donde tengan cabida las entidades territoriales, los gremios de la producción y organizaciones sociales y demás actores con interés o se sientan afectados con su alcance, con la finalidad de crear mecanismos conjuntos que generen el mayor ambiente de fraternidad y protección a la diversidad cultural, y permita el desarrollo económico y social de la región', plantearon los gobernadores costeños.
Los mandatarios dejan claro que respetan los principios constitucionales relacionados con la protección de las minorías étnicas, la diversidad cultural de la Nación y la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios, pero 'dicha consideración no puede ser la base para que se estructure una serie de figuras jurídicas novedosas sin reglamentación clara que afecten a toda una región'. Así, pues, el decreto requiere un estudio riguroso, por cuanto afectaría planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, inversión privada y proyectos de impacto social en la región.
Hablan los mandatarios
El gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, argumenta que 'prácticamente se condicionaría el ejercicio de la propiedad privada, derecho de rango constitucional y otros derechos consolidados, a una incertidumbre que generaría una falta de competitividad en la región'.
Agrega que el proyecto de decreto tiene un fuerte impacto en asentamientos rurales y en algunos urbanos como Santa Marta, Riohacha y Valledupar y que afectaría igualmente un sinfín de actividades dedicadas a la agroindustria, servicios logísticos, minero-energético, etc.
'Se hace evidente un otorgamiento expreso a favor de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de facultades para intervenir y promover políticas de ordenamiento territorial, administración del territorio y protección o conservación de recursos naturales', advierten los gobernadores.
Además, indican que si bien se realizan procesos exitosos de Consulta Previa con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, también hay que considerar que es precaria la capacidad técnica y administrativa de los resguardos o las organizaciones indígenas, lo cual incidiría en los procesos. La comunicación fue suscrita por los gobernadores Francisco Ovalle del Cesar, Rosa Cotes del Magdalena, Tania Buitrago de La Guajira, Eduardo Verano del Atlántico y Dumek Turbay de Bolívar, al final de la cumbre extraordinaria de gobernadores, realizada este miércoles en la capital del país.
La gobernadora encargada de La Guajira, Tania Buitrago, explicó que el proyecto actual cubre totalmente al distrito de Riohacha y el municipio de Dibulla, así como gran parte de los municipios de San Juan, Barrancas, Fonseca, Distracción y Hatonuevo, 'quitándole oportunidades de desarrollo a estos municipios, incluso cobijando parte de resguardos y territorios wayuu'.
Para hoy, según indicó el gobernador del Cesar, está prevista una reunión en Santa Marta con sus homólogos de La Guajira y Magdalena, para revisar lo que el Gobierno tiene proyectado.
'Nuestra incomodidad es que nunca fuimos convocados para revisar este decreto que lo están ampliando de 54 puntos a 348, frente al polígono que hoy enfrentan estos departamentos, sin saber las limitantes y sobre todo la forma negativa que va a desacelerar el desarrollo y crecimiento de los mismos', puntualizó Francisco Ovalle.
