La Fiscalía avanza en la investigación para ‘desenmarañar’ el cartel de los certificados falsos que se habrían utilizado para intentar graduar a un grupo de estudiantes como abogados en la Universidad Popular del Cesar, UPC. Según el ente acusador, el fraude habría sido orquestado por la secretaria de la oficina de Registro y Control de la decanatura de Derecho, María Inmaculada Pinto Cerchar, a quien la noche del pasado viernes un juez con funciones de control de garantías envió a prisión por estos hechos.
De acuerdo con la Fiscalía, María Inmaculada Pinto, presuntamente vendía en $2.000.000, por lo menos en el caso de dos estudiantes conocido por el organismo de investigación, las certificaciones falsas de los seminarios que son requisitos para obtener el título.
La mujer es señalada de ser el ‘cerebro’ de lo que la Fiscalía llamó una ‘idea criminal’ para permitir, a cambio de dinero, que los estudiantes que se prestaron para este fraude pudieran graduarse sin cancelar los valores correspondientes por cada seminario a la Universidad Popular del Cesar, además de no asistir a los cursos, ni hacer las evaluaciones, obteniendo los documentos falsificados.
De acuerdo con los costos establecidos por la UPC para este año, cada estudiante debía pagar unos $3.500.000 por el total de los seminarios en las áreas de Derecho penal, laboral, público, privado I y II, dinero que tras el fraude dejó de entrar a las arcas de la entidad; al igual que el valor de $15.620 de inscripción por módulo, es decir $75.100 más. Así las cosas, las pérdidas para el claustro académico están sin determinar, teniendo en cuenta que se desconoce cuántos alumnos habrían recurrido a esta práctica; hasta ahora, nueve han sido capturados.
El negocio estaba en que al parecer la funcionaria recibía los $2.000.000, y los estudiantes no solo se ‘ahorraban’ más de $1.500.000, sino que contaban con la garantía de graduarse sin tener que ir a clases, ni ser sometidos a las evaluaciones.
