La Fiscalía reveló las presuntas irregularidades en que habría incurrido la exalcaldesa de Chiriguaná (Cesar), Zunilda Toloza, en el contrato para el suministro de paquetes alimentarios a población vulnerable en ese municipio, firmado con la Fundación Camino Verde en 2016, y por las cuales tanto la exmandataria como la contratista María Concepción Canales y el interventor Eleuterio Rincón Tortello fueron capturados por agentes del CTI y puestos a disposición ante un juez con funciones de control de garantías.
De acuerdo con la investigación, para la celebración de dicho contrato que se hizo de manera directa, y por el que la Alcaldía pagó un valor superior a los $1.300 millones, no solo se adquirieron los productos alimenticios con un precio superior a los del mercado, sino que la contratista utilizó una empresa proveedora que de acuerdo con los registros de Cámara de Comercio fue creada dos días antes de la firma del convenio, y que además al verificar la dirección la Fiscalía se percató de que era una casa de familia en el barrio Alfonso López de Valledupar, es decir que dicha firma proveedora no existía.
Haciendo cotizaciones en los almacenes de cadena sobre los costos de los productos que integraban los paquetes alimentarios que iban destinados a los adultos mayores de escasos recursos, la Fiscalía determinó un incremento de $33.350 en cada uno, que multiplicados por los 8.500 pactados a entregar, sumaba una diferencia de $283.475.000, afectando las arcas del municipio.
Así, una panela que en los estudios previos costaba 1.100 pesos, la cobraron en $2.200 sin justificación; igualmente hicieron con otros productos, sin que los 'abruptos' cambios de precios tuvieran respaldo alguno.
La Fiscalía también pudo determinar que las bolsas plásticas que utilizaron para empacar los alimentos las adquirieron en una empresa en Barranquilla por un valor unitario de 360 pesos, pero en la propuesta la contratista le asignó un costo de $5.000 a cada una, generando un sobrecosto de $42.500.000.
De esta forma se habría configurado un detrimento, por apropiación de recurso público, por más de 320 millones de pesos.Por estos hechos, el organismo de investigación les imputó a la exalcaldesa Toloza, al interventor Eleuterio Rincón y a la contratista María Canales, esta última en calidad de interviniente, los delitos de peculado por apropiación agravado a favor de terceros en concurso heterogéneo con contrato sin el lleno de los requisitos legales; igualmente a Rincón y a Canales se les imputó falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la exalcaldesa y contratista fueron dejadas en libertad y al interventor lo cobijaron con detención domiciliaria.
