El Juzgado Único Especializado de Valledupar dictó sentencia absolutoria a favor del exalcalde del municipio de Pelaya (Cesar), Marcos José Gutiérrez Cianci, quien fue acusado por la Fiscalía de haber tenido nexos directos con los paramilitares del Bloque Norte y por lo cual, según el ente de investigación, habría ganado las elecciones para el periodo de 2004-2007.
El organismo acusador le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, de acuerdo con las versiones que rindieron varios desmovilizados, manifestando que el exfuncionario realizó favores a paramilitares y que presuntamente había intervenido ante las autoridades para que dejaran en libertad a los miembros de esa organización que habían sido capturados, prestar la retroexcavadora del municipio para hacer una pista clandestina para el tráfico de drogas, y maquinaria para hacer arreglos sociales, entre otros.
Según la Fiscalía, el exalcalde como dirigente político debió abstenerse de asistir a eventos y reuniones políticas ilegales en las que participan reconocidos miembros de una organización ilegal, como también la conducta pasiva asistiendo a reuniones en fincas junto a otros servidores públicos con el grupo paramilitar comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y el comandante alias Omega con el fin de proyectar políticamente a las AUC en un panorama nacional con miras a obtener beneficios recíprocos entre los cuales se destaca una parte de la promoción del paramilitarismo a través de la actividad y representación política.
El exalcalde aseguró en su defensa que las versiones de los desmovilizados son falsas y que durante las elecciones a la alcaldía de ese municipio en 2001 y en 2003 se desarrollaron en completa calma y sin la injerencia de grupos armados al margen de la ley y que tampoco intermediaron ante las autoridades de Policía para lograr la libertad de miembros de las autodefensas.
Ante lo expuesto, el Juzgado analizó las pruebas presentadas por ambas partes, evidenciando que dichas pruebas presentadas por exparamilitares no eran ciertas, por tanto solicitó compulsar copias pertinentes a la Unidad de Justicia y Paz donde han sido escuchados en versión libre para que se estudie la posibilidad de excluirlos de esa jurisdicción y retirarle los beneficios que se hayan hecho acreedores o estén por recibir.
'Esto en virtud de las mentiras que vertieron en esta investigación, igual se deben compulsar las copias ente la Fiscalía General de la Nación para que se les investigue por presunto falso testimonio y fraude procesal', destacó el juez.
