En las calles de Valledupar es frecuente que la Policía recapture a personas que debían estar pagando detención domiciliaria. Solo este año, 10 presuntos delincuentes cobijados con esa medida han vuelto a ser aprehendidos, algunos reincidiendo en actividades ilícitas. La situación pone de presente la ‘burla’ de la restricción a la libertad en sitios de domicilio y la falta de efectividad de los controles del Inpec, incluso los que han sido sorprendidos portando brazaletes electrónicos.
Tal es el caso de Osneider Fuentes, de 28 años, quien pese a estar cumpliendo una condena, teniendo casa por cárcel, fue detenido por las autoridades tras participar presuntamente en el asesinato de un taxista en medio de un atraco en el barrio Casimiro Maestre. Este hombre ya había sido judicializado por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; sin embargo, habría estado involucrado en el crimen llevando puesto un brazalete del Inpec. Además del homicidio, le imputaron fuga de presos.
Otro caso es el de Isidro Maldonado, de 54 años, quien fue sorprendido por una patrulla en el barrio La Victoria, violando la restricción y portando dos gramos de bazuco, fue puesto a disposición de la Fiscalía y posteriormente enviado a la cárcel por un juez.
La semana pasada, un detenido con prisión domiciliaria fue asesinado de dos puñaladas, luego de que saliera de su casa con el brazalete del Inpec a tomar licor en un establecimiento público en la Ciudadela 450 Años. Helmer Audrey Becerra fue atacado a cuchillo en una riña que sostuvo con un amigo con el que momentos antes había departido en un billar, cuando debía haber estado cumpliendo la restricción de su libertad.
Sin control
En Valledupar actualmente hay 1.200 presos con detención domiciliaria, de los cuales 57 tienen brazaletes, que son vigilados por dos guardianes del Inpec, que les pasan revista. El resto se encuentran fuera del lugar que les fue asignado por un juez para cumplir con esta medida.
Una fuente del Inpec consultada por EL HERADO dijo que 'resulta humanamente imposible' vigilar a todos los detenidos con domiciliaria. Es un trabajo de mucha demanda, y por más esfuerzo que se haga, jamás se puede tener una cobertura total al tiempo. No hay capacidad para ponerle un guardia a cada interno'.
En promedio, según la fuente, 'de cada 100 presos con detención domiciliaria 15 no se encuentran en su sitio de detención y se desconoce su paradero'.
Y no solo la irregularidad se registra en esta capital. Según cifras de la Policía en el Cesar hasta el 31 de marzo pasado se habían capturado en diferentes municipios de este departamento 582 personas, de las cuales 31 fue por el delito de fuga de presos.
De acuerdo con datos del Inpec, hasta el año pasado en la Región Caribe 1.437 personas se encontraban vigiladas por medio de brazaletes electrónicos y en la cárcel judicial de Valledupar 52 internos tienen esta medida.
Luego de la emisión de la condena o la medida privativa de la libertad por parte del juez, los detenidos quedan a disposición de ese centro carcelario, mientras que la penitenciaría de máxima y mediana seguridad, La Tramacúa, acoge 5.
Cómo funcionan los brazaletes
EL HERALDO obtuvo información de cómo funciona este dispositivo que está equipado con una unidad llamada ‘Smart Tag’, que posee dos tipos de señales, GSM y GPS. Adicional a esto, la correa que abraza el tobillo del procesado posee fibra óptica, que manda una señal al sistema cuando está siendo violentada.
El sistema posee un perfil para cada recluso. Al hacer clic en su nombre, se abre una interfaz con sus datos, y por cuál crimen está sindicado. En esta misma interfaz aparece su localización, la potencia de la señal, porcentaje de batería, si está cargando en ese momento y el estado de la correa.
Además hay un registro de cada vez que se mueve el portador del brazalete, el espacio de tiempo en el que se movió, dónde se detuvo y la velocidad a la que se desplazó. Esta medida se toma con coordenadas de longitud y latitud con sus respectivos minutos y segundos para hacerla lo más precisa posible.
De acuerdo con Buddi, una de las empresas contratadas por la Uspec para prestar el servicio, el brazalete carga su energía a través de un dispositivo inalámbrico. La carga se ponen en encima del ‘Smart Tag’, y una vez instalado, el cargador de 240 gramos de peso, durante unas dos horas recarga. El dispositivo puede mantenerse con energía entre uno y tres días.
Al momento de la instalación del brazalete son colocados dos seguros. Estos se parten con facilidad ante cualquier movimiento, dejando una huella visible del intento de vulnerar el dispositivo. La única forma en la que, de acuerdo con la empresa, se puede remover el ‘Smart Tag’ es a través de una herramienta que se asimila a una pinza. Esta aplica presión en unos puntos específicos y se suelta un lado de la correa.
