En esta contienda por la rectoría a la Universidad Popular del Cesar, UPC, hay más candidatos de los que tradicionalmente se disputan las alcaldías de los municipios mineros que son ‘apetecidos’ por aquello de las transferencias de las regalías, o del propio Valledupar, que por ser capital con cerca de 500 mil habitantes tiene un presupuesto anual que supera el medio billón de pesos.
En la actualidad para el cargo de rector son 10 los aspirantes formalmente reconocidos por el Tribunal de Garantías Electorales del claustro académico y el Consejo Superior Universitario, mientras que siete que fueron inadmitidos aun dan la batalla para entrar en la lista de los elegibles, que de hacerlo serían 17.
En torno a este proceso se ha evidenciado un fuerte interés por ostentar el puesto de rector, no solo de los que aspiran, sino de dirigentes políticos y partidos que empiezan a medir fuerzas; además se han generado cuestionamientos al Tribunal de Garantías, al Consejo Superior Universitario, cuyos miembros al final deciden por votación quién de los cincos elegibles que salgan de la consulta estamentaria en la que participan egresados, estudiantes y docentes, se queda con el puesto. También se han denunciado presuntos actos de corrupción por parte del rector actual que según las quejas, favorecerían a Darling Guevara, una de las aspirantes, que tiene el respaldo del Centro Democrático.
Actualmente una tutela que accionó José Guillermo Botero, uno de los candidatos inadmitidos, argumentando la violación de sus derechos de elegir y ser elegidos, tiene suspendido el calendario electoral en la Universidad Popular, mientras los aspirantes en firme siguen con su proselitismo para ser uno de los cinco que queden a través de la votación de estudiantes, egresados y docentes, con posibilidad de ser rector.
Todos los candidatos señalan que su único interés es sacar adelante a la UPC, lograr más certificaciones de calidad, mejorar su estructura y brindarle oportunidades a los estudiantes de la región en el principal centro de educación superior público de este departamento.
Fortín burocrático y electoral. No obstante, la Universidad Popular del Cesar no solo manejó un presupuesto de 80 mil millones de pesos en el último año, el cual aumentaría en los próximos, sino que representa un fortín burocrático con más de 1.000 docentes, de los cuales el 80% son catedráticos y ocasionales, una planta de personal de 300 empleados y 200 más que trabajan por prestación de servicio, para un total de más de 1.500 cargos.
Pero además de tener ese manejo de talento humano, también cuenta con un gran potencial electoral, al que también le apuntan los políticos. Son más de 16.000 estudiantes, 22.000 egresados y 1.000 docentes, que con contratistas suman unos 40.000 votos, capaces de influir en la elección de alcaldes y gobernador, diputados y concejales.
'Los políticos están mirando la Universidad no para ayudarla, sino para ver cómo capitalizan votos y burocracia', sostuvo John Jairo Díaz Carpio, uno de los aspirantes a rector.
Pero hay otro ingrediente de poder, la UPC cuenta con un régimen especial que le permite que casi toda la contratación se haga de manera directa, entonces son todas esas ‘ventajas’ las que ofrece y hacen que al parecer dirigentes, gremios, partidos y movimientos políticos tengas sus ojos puestos en la elección de rector que ‘gobernaría’ en los próximos cuatro años.
Denuncian irregularidades. Presuntas presiones, dádivas, politiquería y otras irregularidades se estarían presentando al interior de la Universidad Popular del Cesar para supuestamente favorecer a una de las aspirantes al cargo de rector, dentro del proceso que se adelanta para la escogencia del mismo. Así lo denunció hace algunos días el grupo de candidatos que fueron inadmitidos por el Tribunal de Garantías Electorales, decisión que también acogió el Consejo Superior Universitario, supuestamente por no cumplir los requisitos para el puesto.
De los 17 aspirantes inscritos para la rectoría de la Universidad Popular, ocho fueron inadmitidos por el Tribunal, que posteriormente tras el recurso de reposición, terminó acogiendo a Carmen Alicia Rivera Medina, quien entró en la lista de los que están en contienda. Los 10 aspirantes que están en firme son Julio César Vega Suárez, Darling Guevara, Robert Romero Ramírez, Luis Alberto Caballero, César Augusto Galindo, Juan Bautista Ochoa, Emiliano Piedrahita, John Jairo Díaz Carpio, Luis Francisco Ramírez y Carmen Alicia Rivera.
Los inadmitidos, que aun guardan la esperanza de seguir en la lucha por la rectoría tras la tutela son Álvaro Javier Iglesias, Francisco José García Payares, Aquilino Cotes Zuleta, César Orlando Torres, José Guillermo Botero, Luis Alberto Guerra y Baldomero Rosado Quintero.
José Guillermo Botero sostuvo que existe una fuerte injerencia del actual rector Enrique Meza para respaldar la candidatura de Darling Guevara. 'Aquí están usando el peso de las influencias y dádivas al Tribunal de Garantías Electorales para que cometa errores y prevarique, que es lo que estamos denunciando, y lo vamos a hacer frente a las instancias competentes'.
Por su parte, Álvaro Iglesias, señaló que 'el rector está dejando un legado de desprestigio, quiere torcer el proceso, para ganarse el voto de los exrectores; intentó comprar la conciencia de muchos, beneficiando familiares de ellos, ahí están las resoluciones. Están presionando a jefes de departamentos, docentes, diciéndoles que tienen un listado y anotando a todos aquellos que no se van con su candidata, está totalmente claro que están favoreciendo a la candidata Darling Guevara. Existe una total injerencia del actual rector amangualado con el Centro Democrático para quedarse con la Universidad'.
Guevara frente a los cuestionamientos del respaldo político, dijo recientemente en una entrevista al diario local El Pilón, que 'la Universidad Popular del Cesar históricamente ha tenido rectores que han sido apadrinados políticamente. Eso no hay que ocultarlo a nivel nacional o a nivel departamental, siempre ha sido así. Pero el hecho no es que no esté apadrinado políticamente, el hecho es que uno llegue a hacer bien las cosas, independientemente del padrino que tenga. La responsabilidad moral es hacer bien las cosas, que realmente se realice lo estipulado como la norma lo exige'.
