A fin de establecer si existe o no responsabilidad del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, sobre presuntas irregularidades en la contratación de las obras de remodelación de la Plaza Alfonso López, la Procuraduría Regional del Cesar trasladó la indagación que abrió a funcionarios de la administración local por establecer a la Procuraduría Delegada para la Contratación Pública en Bogotá, para que directamente se encargue, por competencia, de la investigación en lo referente a la actuación del mandatario municipal.
Esto de conformidad con el Decreto Ley 262 de 2000 que asignó la competencia a las procuradurías delegadas cuando se esté revisando la conducta de los alcaldes de los municipios capitales de departamento o de un distrito, con excepción del Alcalde de Bogotá, la cual radica en el despacho del Procurador General de la Nación.
En abril pasado, la regional del Ministerio Público en el Cesar abrió indagación preliminar, a fin de determinar posibles irregularidades en el contrato de remodelación de la Plaza Alfonso López que suscribió la Administración Municipal por 8.736 millones de pesos, al cual se le autorizó una prórroga de dos meses.
El organismo de control investiga que no solo se habría incumplido con el plazo inicial para la entrega de las obras, sino que se gestionó una adición presupuestal cercana a los 1.600 millones de pesos para culminar los trabajos que fueron inaugurados a pesar de estar inconclusos.
En tal sentido, la Procuraduría ordenó practicar pruebas en este proceso como: 'solicitar a la Secretaría General de la Alcaldía de Valledupar se sirva allegar copia del proceso precontractual y contractual respecto de la Licitación Pública LP-001 de 2018, suscrita con Consorcio Plaza Alfonso López y cuyo objeto fue la renovación de la plaza Alfonso López de Valledupar y peatonalización de vías de accesos'.
Además de requerir a la Oficina Jurídica de la administración municipal certificar la existencia de acto administrativo de delegación de funciones en materia contractual, debiéndose allegar copia del correspondiente acto administrativo en caso de la existencia del mismo; y demás pruebas que surjan de las anteriores, que se consideren pertinentes y conducentes para esclarecer los hechos denunciados.
A raíz de las publicaciones de los medios de comunicación de la ciudad, sobre la prórroga de sesenta días que solicitó y se le aprobó al contratista Consorcio Plaza Alfonso López para entregar la totalidad de las obras y una supuesta adición presupuestal al mismo contrato, la Procuraduría abrió la indagación.
En caso de hallar responsables a funcionarios de la Administración, diferentes al alcalde, el caso seguirá en manos de la Procuraduría Provincial, pero de encontrar irregularidades por parte del Alcalde continuará la investigación en el nivel jerárquico que le corresponde.
