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El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, salió ayer al paso de la polémica que se ha suscitado con la figura de dación en pago, con la que la Alcaldía permitió a particulares cobrarse la obligación que adquirió el municipio con ellos al recibir los lotes para saldar sus deudas en predial.

A propósito del informe publicado por EL HERALDO en la edición del domingo, el mandatario explicó la figura tributaria que aplicó la Alcaldía.

Según Ramírez, la administración recibió un bien inmueble de 21 hectáreas, donde están los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo, en el noroccidente de Valledupar, y en los que convivían 1.200 familias en calidad de invasores. A cambio, la Sociedad Lascano & Hijos saldaba una obligación tributaria con el Municipio, relacionada con el predial', dijo el mandatario.

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Sostuvo que ara normalizar dichos asentamientos irregulares, la administración se basó en una declaratoria de condición de urgencia contenida en el artículo 488 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En entrevista a esta casa editorial, agregó que mediante un comité de dación de pago realizaron estudios de títulos que arrojaron una porción de tierra de 21 hectáreas: 15 en Francisco Javier y seis en Villa Consuelo. También, se llevó a cabo el avalúo del terreno por parte de la Lonja.

Una vez se realizó la verificación en sitio de las familias, en un comité de legalización de asentamiento, se accedió a la firma de la dación de pago, consistente en una operación que permitió adquirir el suelo y realizar las acciones urbanísticas previstas con el único objeto de garantizar que muchas familias ostenten su título de propiedad, disminuyendo el déficit cuantitativo de vivienda.