La Contraloría General de la República adelanta cinco procesos de responsabilidad fiscal tras detectar hallazgos irregulares por $9.604 millones en la ejecución de contratos en los municipios de Valledupar, Chiriguaná, Chimichagua y Codazzi, en el departamento del Cesar.
De acuerdo con el organismo de control, el caso que representa una cuantía de $5.922 millones, entre estos hallazgos, es por presuntas irregularidades en el contrato de ampliación y optimización de la red recolectora del sistema de alcantarillado en Chiriguaná.
Según los resultados de una auditoría, a pesar de los recursos que se invirtieron en el sistema de alcantarillado, este no funciona, lo que compromete el objeto contractual.
En Valledupar, la Contraloría halló posibles irregularidades en la construcción del Canal de Panamá y la avenida Simón Bolívar contratada por el Sistema Integrado de Transporte de esta ciudad, señalando que 'hay una sobrestimación del contrato de obra.
Se presentaron hechos presuntamente irregulares relacionados con la planeación, gestión contractual, seguimiento y supervisión, arrojando un eventual daño patrimonial por 2.506 millones 727 mil pesos'.
Y en Chimichagua, el ente de control abrió indagación preliminar por incumplimiento de la función de advertencia presentada en ejecución de auditoría de la vigencia 2010, por inoperancia de las redes de alcantarillado en los corregimientos de El Guamo y La Vega. Cuestiona el organismo que para esta obra se efectuó anticipo sin legalización alguna. El posible detrimento asciende a los $982 millones.
En Codazzi la auditoría arrojó presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 002-2015 del 5 de junio de 2015 celebrado con el Consorcio Alimentación Escolar 2015, cuyo objeto era la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes de instituciones oficiales del Municipio.
Se calculó sobrecosto en las raciones cobradas y pagadas al consorcio comparando los precios PAE de la Gobernación del Cesar con los del municipio, teniendo en cuenta las minutas que tienen un menor valor y menús iguales, con un posible daño patrimonial de 121 millones 367 mil pesos.
En esta misma localidad se inició un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del convenio de Cooperación N°001, cuyo objeto era 'Cooperación para garantizar la alimentación escolar PAE'.
Según la Contraloría, en la ejecución se observaron deficiencias en la etapa de planeación y se determinó sobrecosto en las raciones cobradas y pagadas a la Fundación Provenir, diferencia establecida en el costo del complemento comparado con otros precios del municipio en el mismo tiempo y lugar, con un presunto daño por más de 70 millones de pesos.
