La Contraloría General de la República abrió procesos de responsabilidad fiscal en nueve municipios del Cesar por presuntas irregularidades y detrimento en manejo de recursos públicos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para la jornada única.
Valledupar, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure y San Diego, hacen parte de la investigación que inició el organismo de control sobre la ejecución de 541 proyectos en 165 entidades territoriales del país, como construcción de aulas y colegios, donde se detectaron hallazgos irregulares por más de $559.853 millones.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría determinó seis fuentes de afectación fiscal: proyectos abandonados, mayores valores pagados por metro cuadrado, pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias, ambiente escolares no construidos, costos desproporcionados de interventoría y gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia asociados a la unidad de gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.
De los 541 proyectos priorizados con recursos públicos, 311 son objeto de investigación dentro de este proceso de responsabilidad fiscal y los 230 restantes que se encuentran en una fase muy inicial hacen parte de la estrategia de seguimiento 'Compromiso Colombia', que adelanta la entidad a través de sus Delegadas de Participación Ciudadana y Sector Social.
A junio de 2019, se encuentran terminadas 102 instituciones educativas, con 2.193 aulas, de las cuales apenas se han entregado 15, que corresponden a 230 aulas, para administración y puesta en funcionamiento por parte de las entidades territoriales.
'Debido a que en el menoscabo de los recursos administrados por el Fondo están involucrados dineros de las entidades territoriales, la Contraloría admitió y autorizó el control fiscal excepcional a partir de una solicitud elevada por veedurías ciudadanas', señaló el organismo.
El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y contratistas vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento.
Por obras abandonadas la afectación fiscal detectada es $79.814 millones. De 311 Instituciones educativas investigadas por la Contraloría, hay 71 abandonadas.
En cuanto a mayores valores pagados por metro cuadrado la afectación fiscal es por $270.309 millones. 223 colegios están en esta situación en el país, mientras que por pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias los hallazgos ascienden a $67.142 millones. Por ambientes escolares no construidos la afectación es de $76.816 millones y por costos desproporcionados de interventoría el monto de la afectación es por $22.425 millones. Y por gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia, asociados a la Unidad de Gestión del Fondo los hallazgos alcanzan los $43.345 millones.
