Frente a las investigaciones que adelantan la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, tras denuncias de presuntas irregularidades en la contratación de mercados para familias vulnerables en medio de la emergencia sanitaria, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, dijo que 'estamos tranquilos porque sabemos que actuamos conforme a la norma y con transparencia'.
El mandatario indicó que 'ante los órganos de control estamos entregando las explicaciones correspondientes, los soportes y todo el proceso contractual que se hizo'. Las precisiones las hizo Monsalvo durante una rueda de prensa en las que entregó detalles de la contratación de ayudas alimentarias, señalando que no hubo sobrecostos y que todo se surtió en el marco de la urgencia manifiesta por la pandemia del coronavirus.
Para el gobernador Luis Alberto Monsalvo detrás de todo esto existe un ataque de sus opositores políticos a los que calificó de corruptos. 'Son corruptos esos políticos del Cesar que en vez de unir fuerzas para trabajar por la comunidad, están haciendo show mediático tratando de conseguir votos a futuro, porque no han dejado de estar en campaña. Son esos mismos políticos lo que se quedan callados y no le ponen el pecho a la brisa, no han dicho aquí estamos para trabajar de la mano con el gobierno y ver cómo buscamos salidas para ayudar a nuestra gente', afirmó.
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No obstante, este jueves un equipo conformado por funcionarios de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, ingresó al edificio de la administración departamental con miras a recaudar pruebas de las presuntas irregularidades denunciadas.
Las denuncias
El pasado 8 de abril, el diputado Ricardo Quintero lanzó una denuncia pública sobre presuntos sobrecostos en los mercados que estaba entregando la Gobernación del Cesar a las familias vulnerables del departamento en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus.
Quintero, del partido Centro Democrático, señaló que se dio a la tarea de ir a un establecimiento de cadena y compró los productos similares que estaba entregando la administración departamental, dándole una diferencia menos de $45.350. 'El mercado que entrega la Gobernación tiene un valor de 120.000 pesos. Me tomé el trabajo de hacer el mismo mercado en un supermercado y me costó 81.250 pesos', dijo. Teniendo en cuenta que fueron más de 100.000 kits de ayudas, el diputado consideró que el sobrecosto superaría los 4.600 millones de pesos.
Luego un informe de Radio Guatapurí prendió más las alarmas sobre posibles irregularidades en la contratación de las ayudas humanitarias, y a estas se sumaron otras voces como la del representante a la Cámara por el Cesar, Cristian Moreno Villamizar, quien sostuvo que 'la crítica y la denuncia pública no solo está mostrando la realidad en el Cesar, sino en el país; todo esto generó que los órganos de control actuaran y era lo que necesitábamos y esperábamos'.
En efecto, esto desencadenó en la investigación formal que hoy tiene en el ‘ojo del huracán’ al gobernador Luis Alberto Monsalvo quien se ha defendido, indicando que todo el proceso ha sido transparente y se adquirieron más de 139.000 kits alimentarios por $16.000 millones ajustados a los precios del mercado.
La Procuraduría no solo abrió una indagación formal, sino que le pidió al gobernador Monsalvo, suspender el proceso de liquidación de 37 contratos y dos adiciones firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria originada por el coronavirus, hasta contar con las evidencias sobre la correcta ejecución de los $14.065.598.408 invertidos.
En comunicación al mandatario, el órgano de control precisó que en una visita realizada el 22 de abril, investigadores de la Regional Cesar evidenciaron que las sedes de las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del Cesar, que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de $2.600 millones de pesos, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia, situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos.
La Procuraduría instó al mandatario del Cesar a pedirles a los contratistas los soportes sobre la inversión de los más de $14.000 millones, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte. Sin la entrega de toda la información el ente territorial no podría liquidar los contratos, y expedir paz y salvo a los contratistas.
'Es importante que los contratistas y proveedores rindan cuentas, y que estas sean claras y estén debidamente soportadas para claridad de la ciudadanía respecto de la gestión de las autoridades y de sus colaboradores', indicó el Ministerio Público.
