Falta de planeación en la actividad contractual, estudios previos improvisados e incompletos, contratos suscritos con demoras para dar inicio a su ejecución, suspensiones y prórrogas constantes, entre otras posibles irregularidades, reveló la Contraloría Municipal de Valledupar al entregar los resultados de una auditoría a la Empresa de Servicios Públicos, Emdupar.
En total, el ente de control estableció 10 hallazgos de tipo administrativo en la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, uno de los cuales tiene incidencia fiscal por más de $253 millones.
La Contraloría evaluó el comportamiento de la gestión pública durante la vigencia 2019 por parte de la entidad, tomando como muestra 20 de los 52 contratos celebrados el año anterior. La selección arrojó una suma de $16 mil 062 millones, de los $20 mil 702 millones contratados durante esa vigencia.
En la auditoría se evidenció que Emdupar no dispone de recursos para cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que hace necesario que la empresa priorice sus necesidades y tome medidas urgentes de austeridad para mejorar el flujo de caja. 'Esa imposibilidad para pagar sus obligaciones, ha originado suspensiones de los contratos suscritos, y puede seguir causando sanciones, embargos, intereses por mora y detrimentos patrimoniales por demandas de los contratistas afectados', señala la Contraloría.
También observó un rezago en el cumplimiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el cual, según el ente de control, debe ser una de las necesidades prioritarias por satisfacer para buscar la eficiencia en la prestación de estos servicios.
'Como regla general, la empresa persiste en suscribir contratos para ejecutarlos en más de una vigencia fiscal, sin el respaldo y/o autorización de la Junta Directiva para comprometer vigencias futuras. Transgrediendo, los Principios del Sistema Presupuestal como son el de Planificación y Anualidad del Gasto', precisó el informe.
Respecto a lo ejecutado, se observa que el 75,62 % se destinó para los gastos de funcionamiento y solo el 16,44 % para Inversión, lo que genera un impacto negativo significativo.
En cuanto al hallazgo con incidencia fiscal, indicó la Contraloría que el valor que supera los $253 millones surge por el incumplimiento tributario del colaborador empresarial. De la evaluación realizada, se constata que el colaborador empresarial a febrero de 2020, ha facturado ingresos por concepto de mayor recaudo en la suma de $5.937.552.950; es decir, con base en esta cuantía ha debido cancelar los respectivos impuestos territoriales equivalentes al 8%, es decir, la suma de $ 475.004.237.
Sin embargo, solo ha cancelado los impuestos territoriales, por valor de $ 221.489.723. Por lo tanto, la empresa contratista presuntamente ha evadido sus obligaciones con el pago de los impuestos, en cuantía de $253.514.514, que están estipulados en el contrato y que sirvieron como fundamento para prorrogar el contrato en un año más.
