A través de una Unión Temporal y sin que hubiera un contrato firmado de por medio, líderes del pueblo arhuaco presuntamente pretendieron cobrar anticipadamente a la EPS indígena Dusakawi $1.000 millones por servicios de salud que aún no habían prestado en el departamento del Cesar.
Según indicó Julián Daza, gerente de Dusakawi EPSI, a raíz de la negativa por parte de la entidad de reconocer a la Unión Temporal Iku, la cual, según señaló, no cumple con los requisitos administrativos internos y jurídicos para realizar un contrato con esta y de pagarle el anticipo de $1.000 millones, los dirigentes del pueblo arhuaco José María Arroyo, saliente cabildo gobernador, Gelver Zapata, y Hermes Torres, entre otros, iniciaron una campaña de desprestigio de la entidad, denunciando presuntos actos de corrupción al interior de la misma.
'Esta situación se da por la negativa de la firma de un contrato con la UT Iku, sin el cumplimiento de los requisitos administrativos internos y jurídicos. Pretendían el giro anticipado de mil millones de pesos sin justificación alguna ni el respaldo de todo el pueblo arhuaco', puntualizó Daza, quien señaló que radicará una denuncia ante la Fiscalía contra estas personas por falsas acusaciones, además de ponerle en conocimiento la forma irregular cómo pretendieron acceder a los recursos de la salud de sus comunidades.
Dijo que 'la gran inconformidad es que como se avizoraba la salida José María Arroyo, del cargo de Gobernador del cabildo, se presionaba bajo tal condición, sin importar que no estuviesen reunidos los requisitos, la firma del contrato y el pago anticipado de mil millones de pesos, los cuales habían presentado sin ninguna concertación y aceptación alguna, y sin contrato'.
Johana Mestre Izquierdo, directora administrativa y financiera de Dusakawi EPSI, dijo que no tienen ningún fundamento las denuncias que en contra de la entidad han hechos estos dirigentes arhuacos sobre presunta corrupción y malos manejos de los recursos, precisando que los estados financieros de la misma son públicos y están colgados en las páginas de la Superintendencia de Salud, y de la Contraloría, que además realiza acompañamiento de revisoría fiscal a estos.
Por su parte, el cabildo gobernador arhuaco, José María Arroyo, envió un documento con copia a la Procuraduría General de la Nación denunciando los presuntos hechos de corrupción alrededor de la EPS indígena Dusakawi.
El documento que está firmado por otros líderes del pueblo arhuaco solicita que la EPS indígena sea supervisada por la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Interior, y además sea investigada en su funcionamiento por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía por unas supuestas series de irregularidades que se presentan en 10 empresas con las que tiene contrataciones.
'Sospechamos, puesto que poseemos indicios y pruebas de que esas empresas, sus representantes legales y responsables, han venido legalizando recursos sin prestar los servicios contratados, en otras palabras, han incurrido en lavado de activos, en virtud de lo cual se investigue', puntualizó Arroyo.
