El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó una condena de primera instancia contra la Nación-Ministerio de Defensa por la muerte de un menor de año y medio de nacido de un disparo, en medio de un procedimiento policial, en hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2015 en la invasión Tierra Prometida, en Valledupar.
Al ser hallado responsable administrativa y patrimonialmente, el Estado deberá pagar a la familia del menor lo equivalente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época del suceso, unos 408 millones de pesos.
El Tribunal, en fallo de segunda instancia, avaló la decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, tras resolver un recurso de apelación de la parte demandada.
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De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el día 13 de diciembre de 2015, siendo aproximadamente las 4:30 p.m., el niño perdió la vida al ser impactado por un proyectil de arma de fuego, disparada durante un procedimiento realizado por miembros de la Policía Nacional en la invasión Tierra Prometida ubicada en el municipio de Valledupar - Cesar.
El menor fue trasladado por algunas personas y miembros de la Policía Nacional, al hospital Eduardo Arredondo Daza - sede San Martín; sin embargo, debido a la gravedad de la herida, llegó sin signos vitales.
Se afirma en la demanda que 'varios testigos que presenciaron los hechos, coincidieron en afirmar que la conducta de los miembros de la Policía Nacional fue imprudente e innecesaria, puesto que accionaron sus armas de dotación oficial sin tener cuidado o precaución, teniendo en cuenta que varios niños se encontraban jugando en ese momento'.
'Como consecuencia de la muerte prematura e inesperada del menor, sus parientes han padecido una alteración en las condiciones de existencia, pues a menudo permanecen tristes, aislados y silenciosos, por lo cual, ha disminuido su capacidad de relacionarse con los demás', señala.
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El Tribunal estimó procedente confirmar la sentencia proferida en primera instancia, en cuanto declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños causados por la muerte del menor, ocurrida en medio de operativo, cuando los policiales se encontraban adelantando la persecución de un presunto delincuente.
'La muerte del menor se encuentra debidamente acreditada y no es objeto de cuestionamiento por parte de la entidad accionada', concluye la sentencia.