Paradójicamente la Fundación para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Fundinaj, en Valledupar, que tenía la misión otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, de proteger a 70 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 18 años, con derechos amenazados o vulnerados, terminó siendo un internado del ‘infierno’ para los menores, que fueron objetos de maltratos físicos y psicológicos, y en casos conocidos, por los cuales están en prisión sus directivos, de acceso carnal y actos sexuales violentos.
Poco más de un año atrás de que presuntamente comenzaran los abusos sexuales en el hogar de paso que era operado por Fundinaj, el Icbf, le había renovado la licencia a esta entidad tras solicitud de su representante legal para desarrollar la modalidad de internado, tal como consta en la Resolución 1635 del 25 de junio de 2019 expedida por el instituto.
El mismo instituto ya le había reconocido personería jurídica a esta fundación mediante Resolución 1993 del 27 de diciembre de 2011, renovando su licencia de manera provisional para ejecutar convenios para la protección de menores en condición de calle, drogadicción o abuso sexual.
Luego de una rigurosa visita a las instalaciones del establecimiento, casa Villa Janeth unidad campestre en Valledupar, el Equipo Interdisciplinario de Licencia de Funcionamiento de la regional Cesar del Icbf, verificó los requisitos legales, financieros y técnico-administrativos de la entidad, y tras su revisión y validación por profesionales de la oficina de Aseguramiento de la calidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se emitió concepto favorable, renovando la licencia de manera provisional para que operara como internado.
Vejámenes sexuales
De acuerdo con la investigación que hoy tiene tras las rejas a Rober Fernández Tovar, representante legal de la Fundación para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, a su esposa Rosa Virginia Laguna, quien fungía como directora del establecimiento, y a su hermano Lenín Fernández Tovar, coordinador de la misma, los abusos sexuales habrían iniciado en noviembre de 2020.
Fue el mismo Grupo Élite Guardianes de La Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el que alertó a la Fiscalía sobre las irregularidades que se venían cometiendo en el lugar. El ente de investigación activó la ruta en coordinación con el Icbf, y obtuvo el relato de una joven que había ingresado el siete de mayo de 2020 a ese hogar de paso, en busca de protección, ante un posible abuso sexual por parte de su padre biológico.
