El Gobierno Nacional, en articulación con la administración departamental del Cesar y los municipios, puso en marcha un plan integral para la implementación de la política de paz con legalidad que beneficiará a más de 363.000 víctimas del conflicto en este territorio.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, indicó que 'esta es una oportunidad histórica que nos brindó el fallo de la Corte Constitucional para implementar el acuerdo por tres mandatos presidenciales consecutivos no la podemos echar a perder. De los 19 departamentos donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, 16 ya han adoptado como propia la política de Paz con Legalidad, y eso nos permitirá hacer de éste un mejor país cada día. Para nosotros, los temas étnicos son prioridad en la implementación', dijo Archila.