Tras hechos de alteración del orden público ocurridos en días anteriores, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar (Cesar), Mello Castro González, y a la gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y urbana de la ciudad, hacer efectivo lo ordenado en la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, que concedió el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado.
La Procuraduría Provincial de Valledupar fue informada de que un grupo de personas, presuntamente armadas, estaban haciendo presencia en el sector delimitado para la población desplazada con el fin de tomar posesión de las casas que aún no están habitadas, por lo que se instó a las autoridades locales a hacer efectivo el beneficio concedido en la totalidad de las viviendas a las personas debidamente identificadas y censadas con anterioridad.
