'La solidaridad ganadera defendió la propiedad privada', publicó en su cuenta de Twitter la Federación Nacional Ganadera, al referirse al desalojo de manera pacífica de más de 200 personas, que invadieron la finca La OKA S.A.S, en el municipio de Curumaní, Cesar; lo cual se convirtió en un campanazo de alerta sobre posibles movimientos para la ocupación ilegal de tierras en este departamento.
Frente a este caso, y otros que se han registrado en el país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció indicando que 'para la Defensoría del Pueblo son preocupantes los hechos recientes de invasiones de tierras en diversas partes del país como en Curumaní (Cesar), Caloto, Guachené y Miranda (Cauca) y, más recientemente, en Huila, Guainía, Urabá antioqueño y Atlántico, los cuales implican una abierta vulneración al ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento de los derechos adquiridos por particulares'.
Sostuvo que 'el derecho al acceso a la tierra implica también el respeto por la propiedad privada y la garantía de su seguridad jurídica, por lo que el Estado debe promover y garantizar ambas esferas: por un lado, la obligación de dar prioridad al acceso y tenencia de la tierra para las comunidades étnicas y campesinas, sin o con tierra insuficiente, y por otro respetar el uso, goce y disposición de aquellos quienes con arreglo a la legalidad han adquirido bienes muebles e inmuebles'.
