Lo que comenzó con un proceso de licitación pública que hizo la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, para el mejoramiento de la vía entre las veredas San Jacinto y 7 de Agosto, se ha convertido en un caso de presunta corrupción que incluye la comisión de, al parecer, delitos contra el medio ambiente, la salud humana y la administración pública en materia de contratación estatal.
De acuerdo con Mario Ernesto García Martínez, abogado y uno de los apoderados legales de tres empresas palmicultoras de esa región del Cesar, el 14 de diciembre de 2021 salió la resolución abriendo la licitación para la construcción de una carretera que comunica a las veredas antes referidas. 'Eso se efectuó desde esa fecha hasta el 20 de enero de 2022. Normalmente esas contrataciones estatales siempre tienen demoras, pero en este caso funcionó rápidamente, como si estuviéramos en Suiza, y eso es lo sorprendente. No tuvo inconvenientes de ninguna clase. Se lo adjudicaron al Consorcio Vial Codazzi 2022, el cual tiene la obligación de ejecutar esa obra. La inversión en esta obra asciende a un total de 33 mil millones de pesos', explicó el abogado García Martínez.
Cabe destacar que esa vía tiene una extensión de 12.9 kilómetros, de los cuales ya tiene un avance de un 70 u 80%. La fecha de entrega ya se venció. El plazo de ejecución contractual expiró el 3 de mayo de 2023, según precisó el jurista. Agregó que 'el contrato debió haber terminado el pasado 3 de mayo, pero tiene una medida preventiva con orden de suspensión con fecha del 27 de diciembre del 2022. Según dicen los abogados de la alcaldía de Codazzi, ese contrato fue prorrogado el 3 de mayo de este año, entonces ¿cómo es posible prorrogar un contrato que se encuentra suspendido?'.
