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El Tribunal Administrativo del Cesar acogió en primera instancia las pretensiones de la Procuraduría General de la Nación y ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar- a cumplir con su obligación como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción y elaborar el mapa del ruido correspondiente para la ciudad de Valledupar y su respectivo plan de descontaminación con su cronograma de implementación.