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Por obtener irregularmente beneficios de los recursos del sistema de seguridad social entre el 2016 y el 2018, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a tres particulares que ejercían funciones públicas como miembros principales de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, adscrita al Ministerio del Trabajo.