La Federación Colombiana de Municipios expresó su descontento con la orden de tres días de arresto que cumpliendo desde este 26 de julio, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, debido al desacato del cumplimiento de una acción de desalojo de más de 30.000 personas que invadieron el predio denominado Sabana I, donde están las invasiones Altos de Pimenta y Los Guasimales, en esta capital.
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Dicha medida fue impuesta por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, que ordenó a la Policía Metropolitana de esta jurisdicción, hacer efectivo el proceso de arresto en contra del mandatario.
En su reciente visita a Valledupar, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, expresó: “somos los primeros en acatar las decisiones judiciales, sin embargo en esta oportunidad tenemos que alzar nuestra voz de protesta contra la injusticia que se está cometiendo con el alcalde Ernesto; desalojar a 30.000 personas es un acto inhumano y es necesario que el Gobierno nacional tome acciones para la legalización de estos predios, como lo pidió el alcalde de Valledupar al Presidente de la República en el pasado Congreso Nacional de Municipios”.
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En esa oportunidad, el alcalde Ernesto Orozco solicitó la reglamentación de la Ley 2044 del 2000 que dictaba el Saneamiento de Predios Ocupados por Asentamientos Humanos Ilegales ya que se encontraban sin agua potable y sin servicios públicos.
Es de recordar que adicional a los tres días de arresto el alcalde también fue sancionado con el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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