Cientos de habitantes de las invasiones Los Guasimales, Brisas de la Popa y Altos de Pimienta, de Valledupar, se trasladaron hasta la plazoleta de la Gobernación del Cesar, en busca de respuesta ante el rumor de un desalojo de estos predios donde habitan de manera ilegal hace 14 años.
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Muchos de los manifestantes indicaron que su petición es que le den solución a la problemática de vivienda en sitio propio ya que en su mayoría han realizado inversiones en construcción y necesitan saber si habrá un proceso de legalización tras acuerdos con el dueño de los terrenos.
“Hay mucha desinformación en el proceso. Tenemos 14 años de estar en Brisa de la Popa, desconocemos al dueño de los predios, sabemos que estamos en un lugar que no nos corresponde, pero queremos una negociación. Por tanto, estamos pidiendo una instalación de una mesa de interlocución con participación de los barrios afectados, en conjunto con la Alcaldía, Gobernación y Gobierno nacional”, dijo una de las manifestantes.
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De igual manera estas personas pidieron una mesa de diálogo y atención con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, a fin de saber cómo van los trámites y que no sean desalojados ya que consideran que donde habitan tienen su arraigo desde hace varios años.
Ante esta situación la mandataria departamental, dejó claro que no habrá desalojo y que para ello el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, está dando respuesta a la problemática dentro de sus competencias.
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“Vamos a aunar esfuerzos porque esto es un problema de ciudad, hemos concertado con la defensa de los dueños de los predios y representantes de sus comunidades y nos va a permitir una ruta para hacer grandes cosas. Se ha concertado una comisión permanente para que la ciudadanía afectada sepa que se está haciendo”, dijo Sanjuán Dávila.
De igual manera explicó que por parte de laAlcaldía se harán avalúos, levantamientos topográficos, un censo real para saber el número de personas en los asentamientos.
Es de indicar que estas personas cuentan con un amparo de un fallo de tutela T-946 de 2011, de la Corte Constitucional, que los declara víctimas del conflicto armado con derecho a una vivienda digna.
