La Fiscalía 66 Especializada de Bogotá contra las violaciones a los Derechos Humanos, de la Unidad Contra la Trata de Personas y el Tráfico de Inmigrantes, reveló en la audiencia de legalización de captura y de allanamientos, el modus operandi que tenían nueve personas para la tramitación de cédulas y pasaportes falsos que le entregan a migrantes en su mayoría, dominicanos, ecuatorianos y venezolanos, con los cuales salían del país principalmente para Europa y los Estados Unidos.
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Las personas capturadas corresponden a los nombres de Jorge Aníbal Duluc Gaslino, Patricia López Gutiérrez, Rodrigo Aberto Beltrán Duque, Álvaro José García Pacheco, Fakerson Pérez, Jorge Iván Ramírez Mosquera, Liliana Judith Maury Rojas. El registrador del municipio de La Paz, Cesar, Oswaldo Morales López, y el registrador del municipio de La Virginia, Risaralda, Leonel Agudelo Restrepo, quienes presuntamente harían parte del entramado criminal. Todos son investigados de los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes y falsificación de documento público y privado.
Según el fiscal la organización se encargaba de la obtención de nacionalidad colombiana de manera fraudulenta hacia extranjeros, suministrando para ellos documentos espurios como lo son las actas de bautismo, registros civiles, registros extranjeros apostillados, cedulas de ciudadanías y pasaporte colombianos.
“Se logró determinar que se valían de las evasivas de las normativas registral para suministrar de manera directa la nacionalidad colombiana de diferentes modos”,, dijo el fiscal.
Para hacerlo le suministraban al extranjero un registro civil antiguo que no tenía asociada una cédula y el cual lo hacía como suyo para esa persona en específico que necesitaba una identidad.
En segundo lugar la expendición de un registro civil extemporáneo con declarantes y testigos mediante el suministro de partidas de bautismo, con manipulación de los declarantes y de testigos, se expendía el registro civil con una apostilla falsa diciendo ser hijos de padres colombianos.
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“Todo esto lo hacían con la colaboración de funcionarios notariales y en los registros. Los registros referidos son los documentos bases para la expedición de cédulas u pasaportes colombianos. En este sentido, se atentan contra los bienes jurídicos como son la autonomía pública, la falsedad ideológica y falsedad en documento público y privado, uso de documento falso, falsedad personal, entre otros”, indicó el fiscal.
De igual manera refirió que esta es una investigación adelantada desde el 2022, con interceptaciones de llamadas telefónicas hasta el 2023, lo cual permitió ir determinando cómo actuaban, encontrando que bajo el sometimiento de su actividad comercial cobraban a cada persona que realiza el trámite entre 3 mil 5 mil dólares, para el cubrimiento de la obtención de los documentos fraudulentos, así como en algunas oportunidades la alimentación y el hospedaje de los traslados internos de los migrantes, obteniendo así la organización un instrumento económico de alta importancia que se estarían lucrando ilícitamente.
En toda esta investigación, el ente acusador, determinó que el ‘centro de operaciones’ se centraba en la sede de la Registraduría del municipio de La Paz, donde además del registrador presuntamente también están involucrados otros funcionarios que incluso se encargaban hasta de tramitar los pasajes aéreos para los migrantes; luego de ello iniciaban todos los tramites hasta la entrega del pasaporte que vendría siendo falso ya que desde el inicio de la documentación habían acciones ilegales.
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La Fiscalía también indicó que cuenta con los elementos probatorios encontrados en los allanamientos como sobres con cédulas de ciudadanías, pasaportes, dinero en efectivos en dólares, euros, entre otros elementos que hacían parte de todo este material espurio para la obtención de documentación falsa.
Finalmente en la solicitud de legalización de captura, el fiscal del caso fue enfático en indicar que el Estado colombiano reforzó las medidas para frenar por aire, mar y tierra el tráfico de migrantes y perseguir los bienes del delito y que estos no se sigan cometiendo y así protegiendo los derechos de los ciudadanos en el extranjero, también la cooperación internacional para combatir este tipo de delincuencia.
