Luego de extensas audiencias por el caso de tramitación de cédulas falsas en el departamento del Cesar, el Juzgado 102 Ambulante Penal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, envió a prisión a los implicados que han sido capturados al momento.
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Se trata de Oswald Morales López, registrador municipal de La Paz, Cesar; Liliana Judit Amauris Rojas, secretaria de la Registraduría; Leonel Augusto Restrepo, Franklin de Jesús Suárez Amaya, Jorge Iván Ramírez Mosquera, Jorge Aníbal Duluc Gaslino, Patricia López Gutiérrez, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Álvaro José García Pacheco y Fakerson Gutiérrez Pérez, quienes fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y privado, tráfico de migrantes en calidad de autor, falsedad ideológica de documentos públicos y tipificación de hacer incurrir a funcionario judicial.
La medida de prisión en centro carcelario fue apelada por cada uno de los abogados de los procesados.
Es de recordar que esta es una investigación liderada por la Fiscalía Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, adscrito a la Unidad Contra la Trata de Personas y el Tráfico de Inmigrantes, la cual reveló el modus operandi que presuntamente tenían los antes mencionados para la tramitación de cédulas y pasaportes falsos que le entregan a migrantes en su mayoría, dominicanos, ecuatorianos y venezolanos, con los cuales salían del país principalmente para Europa y los Estados Unidos.
Según el ente investigador, la red integrada por funcionarios y tramitadores particulares se encargaba de la obtención de una nacionalidad colombiana de manera fraudulenta para beneficiar a extranjeros, suministrando para ellos documentos espurios como actas de bautismo, registros civiles, registros extranjeros apostillados, cédulas de ciudadanías y pasaporte colombianos.
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“Se logró determinar que se valían de las evasivas de las normativas registral para suministrar de manera directa la nacionalidad colombiana de diferentes modos”, dijo el fiscal del caso.
Una de las formas de hacerlo, de acuerdo con la agencia fiscal, era suministrar al extranjero un registro civil de muchos años atrás, que no tuviera asociada una cédula, y de esa forma quedaba registrado el nacimiento de esa nueva persona (extranjero). Luego se le otorgaba una cédula basada en la información de ese registro civil de nacimiento.
En segundo lugar se daba la expendición de un registro civil extemporáneo con declarantes y testigos mediante el suministro de partidas de bautismo. Con manipulación de los declarantes y de testigos, se expendía el registro civil con una apostilla falsa, en el que el extranjero manifestaba ser hijo de padres colombianos.
“Todo esto lo hacían con la colaboración de funcionarios notariales y en los registros. Los registros referidos son los documentos bases para la expedición de cédulas o pasaportes colombianos. En este sentido, se atentan contra los bienes jurídicos como son la autonomía pública, la falsedad ideológica y falsedad en documento público y privado, uso de documento falso, falsedad personal, entre otros”, indicó el fiscal.
De igual manera refirió que esta es una investigación adelantada desde el 2022, con interceptaciones de llamadas telefónicas hasta el 2023, lo cual permitió ir determinando cómo actuaban, encontrando que bajo el sometimiento de su actividad comercial cobraban a cada persona que realiza el trámite entre 3 mil 5 mil dólares, para el cubrimiento de la obtención de los documentos fraudulentos, así como en algunas oportunidades la alimentación y el hospedaje de los traslados internos de los migrantes, obteniendo así la organización un instrumento económico de alta importancia que se estarían lucrando ilícitamente.
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No obstante, hay que señalar que ese método fue descubierto años atrás en el departamento del Atlántico, en el que nacionales y transnacionales usaban el testimonio de cualquier persona para registrar formalmente y, de esa forma, el solicitante quedaba de una vez como colombiano.
Las redadas contra el tráfico de documentos para migrantes derivan de investigaciones que iniciaron en noviembre de 2016 y dieron los primeros resultados en 2019, fecha para la cual el ente investigador desmontó una primera red en el Caribe que habría obtenido $8 mil millones en cuatro años vendiendo alrededor de 8.000 documentos a venezolanos, cubanos, sirios, chinos y lituanos. En las pesquisas se detectó que en ese momento los involucrados cobraban a los extranjeros hasta $1 millón por registro civil, cédula y pasaporte colombianos.
CENTRO DE OPERACIONES
En la reciente investigación, el ente acusador determinó que el ‘centro de operaciones’ se centraba en la sede de la Registraduría del municipio de La Paz, donde además del registrador presuntamente también estarían involucrados otros funcionarios que se encargaban hasta de tramitar los pasajes aéreos para los migrantes. Al llegar a Valledupar, “empezaban todos los trámites hasta la entrega del pasaporte que vendría siendo falso, ya que desde el inicio de la documentación habían acciones ilegales”.
La Fiscalía también indicó que cuenta con los elementos probatorios encontrados en los allanamientos como sobres con cédulas de ciudadanías, pasaportes, dinero en efectivos en dólares, euros, entre otros elementos que hacían parte de todo este material espurio para la obtención de documentación falsa.
