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A finales del mes de septiembre se celebraron a nivel nacional los Juegos Intercolegiados Supérate 2024. Sin ser la excepción, el municipio de Pueblo Bello, Cesar, participó en estas competencias cuyo objetivo principal, según el Ministerio del Deporte, es fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer los valores y promover la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

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Para participar en las justas los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ruralidad llegaron hasta la zona urbana de dicha municipalidad y se hospedaron en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca, donde hay cabañas con todo lo necesario para pernoctar.

Fue así como 60 estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Minas de Iracal hicieron parte de los juegos, junto a dos profesores a los que los padres de familia y el rector del colegio les confiaron su cuidado y protección. Todo parecía transcurrir con normalidad durante los días de las competencias y los niños, niñas y adolescentes regresaron a su territorio en zona rural.

Sin embargo, con el pasar de los días una de las menores de edad contó a sus padres que en una noche cuando estuvieron en las cabañas del Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca, conocido también como ‘El pueblito arhuaco’, hubo la ingesta de alcohol, comida –pizza– y relaciones sexuales.

Esta confesión de inmediato alertó a los padres de 6 menores de edad involucradas en los hechos, por lo que los adultos pusieron en conocimiento del rector lo ocurrido, así como de líderes y autoridades indígenas, desatándose un escándalo en el municipio.

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Posterior a ello, los padres de las afectadas buscaron ayuda en la Personería Municipal para instaurar las denuncias respectivas ante la justicia ordinaria, ya que por la magnitud del caso no podía quedarse dentro de la justicia indígena.

Cortesía ComfacesarEste es el Pueblito Arhuaco, el lugar donde se hospedaron los estudiantes que fueron a jugar.

Habla el personero

El personero municipal, Óscar Jiménez, detalló que el pasado 3 de octubre llegó el caso a su despacho y en coordinación con el presidente de la Asociación de Padres de Familia y el rector de la Institución Educativa Minas de Iracal estuvieron en la vereda donde están las afectadas que relataron una vez más los hechos, por tanto decidieron instaurar la denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

“Debido a que el 4 de octubre en la sede de la Fiscalía en Pueblo Bello había muchas víctimas, decidimos dirigirnos a Valledupar e iniciar el proceso de denuncia, para lo cual desde la Personería Municipal han tenido todo el apoyo legal y logístico para que las afectadas y sus familias se sientan acompañados y asesorados”, indicó el personero Óscar Jiménez.

Una de las menores de edad indicó que tuvo relaciones sexuales con el hijo de un profesor, con consentimiento. Hubo la ingesta de alcohol”.Personero municipal de Pueblo Bello.

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De esta manera se supo que en la noche que sucedieron los hechos las 6 menores ingresaron a una cabaña donde estaba hospedado un profesor junto a su hijo de 18 años, que no debió estar ahí ya que no hacía parte de la institución educativa. Fue ahí donde las menores de edad tuvieron la ingesta de alcohol, en este caso aguardiente.

“Entre las seis menores implicadas inicialmente rindieron una entrevista forense ante la Fiscalía, de estas 5 confirman el consumo de alcohol con la promoción de los docentes, uno de los cuales lo niega. En 4 casos se descarta que tuvieron violencia contra la integridad física y sexual, el otro caso es de una menor de 15 años que tuvo relaciones sexuales con consentimiento con el hijo del docente que tiene 18 años de edad, en ese caso tendría la Fiscalía con elementos materiales probatorios que concluyan de manera razonable si hubo un acceso carnal violento, entonces hay que esperar para ver si en este caso se formulen cargos. De acuerdo con las entrevistas, en las menores sí hay un caso de acceso sexual abusivo que la Fiscalía va a tener que formular cargos en contra de uno de los docentes implicados”, explicó el personero.

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Asimismo se ha establecido que ya existe una noticia criminal ante la Fiscalía General de Nación, pero aún no se ha realizado la formulación de cargos por tanto los afectados y autoridades de Pueblo Bello no saben qué cargos le van a atribuir a los implicados y si habrá una solicitud de medida de aseguramiento.

Para el personero Óscar Jiménez es de suma importancia que la justicia penal se pronuncie en este caso que es objeto de investigación. “Todos los menores en jurisdicción del Estado colombiano gozan de protección especial por parte de los adultos en presencia de ellos (…) los docentes tienen un deber legal de cuidado en razón a la función que desempeñan y a estos docentes la institución les había confiado la guarda y protección durante las 72 horas que duraba la visita al casco urbano del municipio para los juegos”.

“Esperamos justicia”

Para Digneris Izquierdo, lideresa y defensora de derechos humanos, es fundamental que se haga justicia, que los hechos sean esclarecidos y que los presuntos responsables sean puestos ante la Fiscalía General de la Nación.

“Desde el pueblo arhuaco, como autoridades rechazamos todo acto que atente contra la integridad física, moral y psicológica de las mujeres, de las niñas y niños, y este es un acto repudiable que rechazamos rotundamente. Como autoridades indígenas esperamos que a los entes que les compete hacer la investigación y sancionar hagan lo pertinente de acuerdo con los hallazgos. Esperamos que sean ellos quienes determinen las responsabilidades en este caso que nos tiene conmovidos como pueblo arhuaco y como pueblobellanos”, expresó la lideresa.

Añadió que si bien en el territorio hay muchos rumores de presuntos abusos sexuales a niñas, no se pueden basar en ello, sino en los hechos que serán materia de investigación por las autoridades competentes.

“El llamado a todas las mujeres y a quienes tengan conocimiento de cualquiera situación similar a esta es que denuncien y no se queden callados porque de esta manera es que se pueden detener los casos”, puntualizó Digneris Izquierdo.

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Acciones administrativas

Tras conocerse estos hechos, la Secretaría de Educación departamental de Cesar efectuó una inspección en el colegio, la cual concluyó en la separación del cargo de los dos docentes que estarían involucrados en el caso.

La secretaria de Educación departamental, Jazmín Rocío García Meneses, indicó que la suspensión del cargo de los dos docentes se produjo mediante lo establecido en la circular 001 de 2022.

“Es un tema muy sensible con niñas de entre los 13 y 16 años, y se decide apartar del cargo a los docentes involucrados presuntamente y no tendrán ningún contacto con los estudiantes hasta tanto no se adelante el debido proceso de investigación por parte de las autoridades penales competentes que determine si son responsables o no”, subrayó la funcionaria.

Estableció que mediante el enlace departamental en el Ministerio de Educación llevaron hasta el nivel central este hecho, al igual que a la Procuraduría Regional, esperando que sean las autoridades las que determinen las sanciones pertinentes.

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“Son dos docentes, uno de la sede educativa La Honda, y el otro de la sede principal de Minas de Iracal. Debemos indicar que en el territorio indígena son sus autoridades quienes determinan los docentes a contratar, la Secretaría de Educación solo analiza las hojas de vida, verifica los títulos y luego del aval de las autoridades indígenas realizamos el acto de nombramiento”, explicó la funcionaria departamental.

Mientras todo este proceso investigativo avanza las estudiantes están en su territorio asistiendo con normalidad a clases, pero reciben orientación psicosocial con personal del colegio y en conjunto con el ICBF.

Más casos

Desde la Secretaría de Educación departamental se conoció además que en varios municipios han sido separados de sus cargos profesores debido a investigaciones en su contra por presuntos abusos sexuales a estudiantes.

Sin embargo, este es el caso que más trascendencia ha tenido en el territorio dada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo rodean. Y como agravante tiene que las víctimas son menores de edad y pertenecen a una comunidad étnica. También que hay un particular involucrado.

EL HERALDO intentó tener un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, pero no fue posible por parte del órgano de investigación.