La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno, suspendió temporalmente el desalojo programado en el predio Sabana 1, donde convergen las invasiones Altos de Pimienta, Los Guasimales, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa.
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De acuerdo con la administración municipal, debido a que en estos sectores se superan los 21 habitantes, por el momento no cuentan con todas las capacidades institucionales para llevar a cabo todo lo que conlleva un desalojo. Para ello, estiman la movilización de 2.000 policías y 800 soldados para garantizar la seguridad en el área.
La Policía Metropolitana de Valledupar y la fuerza militar han manifestado que, en términos operativos, no es posible destinar este personal sin afectar otras necesidades de seguridad en la ciudad y la región. Además, un operativo de esta magnitud requeriría recursos económicos y logísticos que actualmente no están disponibles.
Por otro lado, la coyuntura nacional también influye en la decisión. La realización de la COP16 en la ciudad de Cali, uno de los eventos internacionales de biodiversidad más importantes del año, mantiene ocupado a un importante contingente policial, lo que limita aún más la capacidad operativa en el territorio local.
Además, la sentencia T-946 de la Corte Constitucional de 2011, que ordena el desalojo, requiere una revisión detallada dado que las condiciones han cambiado en la última década.
El secretario de Gobierno municipal, Jorge Peralta, indicó que tienen claro que los fallos judiciales deben cumplirse, pero para ello deben existir garantías que por el momento no las tienen.
“Lo que hicimos con el inspector de policía fue suspender la diligencia de desalojo y se fijará como Gobierno nueva fecha”, dijo el funcionario.
Destacó que están buscando una forma para conseguir los recursos con la ayuda del Gobierno nacional y así adquirir los predios por utilidad pública, tomando en cuenta que el municipio no cuenta con la inversión necesaria y que se encuentra en Ley 550. También revisarán este tema con los dueños de la propiedad.
Asimismo realizaron mediante el DANE, un reciente censo que les permitió saber que, desplazados hay 1.812 familias, para un total de 3.900 hogares. Víctimas del conflicto armado, 270 familias para un total de 565 miembros de hogar. Discapacitados más de100 familias para un total de 320. Adulto mayor y población vulnerable, más de 4.700 familias, para un total de 10.210 miembros de hogar.
Álvaro Baquero, gestor social de Altos de Pimienta, manifestó que como invasión tienen muchas necesidades como mayor seguridad, agua potable, energía.
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“Estamos en la definitiva de este proceso con los predios, esperamos que el 18 de noviembre que está programada la visita de a defensora del Pueblo, para ver los predios y la gente se pueda tener una respuesta que pueda beneficiarnos. Estamos proponiendo como habitantes de que si hay que hacer un aporte económico para legalizar los predios, lo hacemos”, puntualizó Álvaro Baquero.
